Escándalo de los pasaportes: Fiscalía imputará cargos al exsecretario de la Cancillería José Antonio Salazar

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó una nueva solicitud de audiencia de imputación contra el ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores José Antonio Salazar Ramírez, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Según informó el ente investigador, el exfuncionario estaría involucrado en decisiones adoptadas durante el proceso contractual relacionado con la expedición de pasaportes, específicamente en actuaciones que permitieron reactivar una licitación que había sido declarada desierta y posteriormente adjudicar el contrato a la única empresa que participó en la convocatoria.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, Salazar Ramírez habría participado en la expedición de tres resoluciones emitidas en febrero de 2024. Dichos actos administrativos revocaron las decisiones mediante las cuales el entonces canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierta la licitación 01 de 2023.

Esa licitación estaba relacionada con la adjudicación del contrato para la expedición de pasaportes, cuyo valor se acercaba al medio billón de pesos. Con las resoluciones expedidas posteriormente, el proceso fue restablecido y continuó su curso administrativo.

La Fiscalía sostiene que, como consecuencia de esas decisiones, “restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante”, situación que ahora hace parte de los hechos objeto de investigación penal.

Delitos que serán imputados

La solicitud presentada por la Dirección Especializada contra la Corrupción busca que se formule imputación contra el exsecretario general de la Cancillería por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

El ente acusador considera que existen elementos para vincular formalmente a Salazar Ramírez dentro de la investigación relacionada con la contratación para la expedición de pasaportes y las actuaciones administrativas que permitieron reactivar el proceso licitatorio.

De acuerdo con el sistema de reparto y la programación de la Judicatura, la diligencia judicial quedó fijada para el próximo 10 de junio. En esa audiencia, la Fiscalía expondrá ante un juez los hechos por los cuales pretende imputar cargos al exfuncionario, dentro de la investigación; y aunque dentro de las diligencias presentadas ante los jueces, el ente acusador pidió la formulación de cargos, no requirió una medida de aseguramiento.

Este caso está relacionado con el proceso judicial que ya enfrenta el excanciller Álvaro Leyva. En diciembre de 2025, la Fiscalía le imputó el delito de prevaricato por acción por la decisión de declarar desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en 2023, pese a que la unión temporal encabezada por Thomas Greg & Sons había obtenido la mayor puntuación y, de acuerdo con la investigación, cumplía los requisitos exigidos para la adjudicación del contrato.

Posteriormente, la Fiscalía presentó escrito de acusación y llamó a juicio a Leyva ante la Corte Suprema de Justicia. Según el ente acusador, Leyva Durán habría expedido tres actos administrativos presuntamente contrarios a la normativa vigente durante el desarrollo de la licitación 001 de 2023, proceso adelantado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Dichas decisiones, señaló la Fiscalía, tuvieron como efecto la interrupción del trámite contractual y alteraron el curso previsto para la adjudicación del proceso.

La convocatoria pública buscaba seleccionar a la empresa encargada de la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, así como de la impresión y suministro de etiquetas de visa colombiana. El proceso tenía un presupuesto estimado de 559.000 millones de pesos y era considerado estratégico para garantizar la continuidad del servicio en todo el país.

En ese escenario judicial, el exministro deberá responder por las actuaciones que adoptó durante su paso por la Cancillería en relación con el proceso contractual de los pasaportes, mientras avanzan las investigaciones sobre las decisiones tomadas por otros funcionarios vinculados al mismo expediente.