La definición sobre si Iván Cepeda podrá participar en la consulta interpartidista del denominado Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo de 2026, volvió a quedar en suspenso luego de que la Procuraduría General de la Nación decidiera intervenir formalmente en el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La entidad adoptó la medida mediante la Agencia Especial del 2 de febrero de 2026, firmada por el procurador general Gregorio Eljach, pero la decisión solo se hizo pública el miércoles 4 de febrero.
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A través del auto, la Procuraduría designó al viceprocurador general de la Nación Julián Fernández como agente especial para intervenir en la actuación administrativa relacionada con la solicitud de revocatoria de la inscripción del senador Iván Cepeda, inscrito para participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida.
La decisión también señala que el Consejo Nacional Electoral avocó conocimiento del caso mediante auto del 29 de enero de 2026, al admitir la solicitud de revocatoria de la inscripción de Cepeda.
Frente a ese escenario, el Procurador General concluyó que, “por la relevancia del caso y con la finalidad de garantizar la presencia del Ministerio Público, se designará al Viceprocurador General de la Nación para que intervenga en la citada actuación”.
La designación del agente especial tiene efectos inmediatos sobre el desarrollo del proceso. De acuerdo con el parágrafo del auto, el viceprocurador deberá notificar de inmediato su designación al CNE y, “dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de este auto”, presentar “un informe pormenorizado del estado del proceso” en el Sistema de Información Misional (SIM), además de rendir informes periódicos al despacho del Procurador General.
Este nuevo paso institucional se produce en medio de un prolongado bloqueo en la Sala Plena del CNE, donde los magistrados no han logrado alcanzar la mayoría necesaria para resolver de fondo la controversia.
Hasta ahora, la votación se mantiene dividida, sin que ninguno de los bloques alcance los seis votos requeridos para definir si Cepeda está o no habilitado para participar en la consulta.
La falta de consenso llevó al CNE a convocar conjueces para intentar destrabar la decisión. Entre ellos se encuentra el exmagistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, así como el abogado Gustavo Martín Coral.
Su designación se produjo tras la salida de otros conjueces inicialmente llamados al proceso, en un contexto marcado por la polarización jurídica y política del caso.
Sin embargo, los magistrados cercanos al Pacto Histórico defienden una interpretación distinta. Aseguran que la consulta de octubre no tuvo carácter interpartidista, sino que fue un mecanismo interno del Polo Democrático, lo que permitiría a Cepeda participar en la consulta del 8 de marzo sin incurrir en una inhabilidad.
Esta postura quedó plasmada en una ponencia que propone negar la revocatoria de la inscripción del senador.
Dicha ponencia cuenta con el respaldo de tres magistrados: Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez. A ellos se sumó Altus Baquero, del Partido Liberal, lo que elevó el apoyo a cuatro votos, todavía insuficientes para adoptar una decisión definitiva dentro del CNE.
Esta interpretación quedó consignada en una ponencia que propone negar la revocatoria de la inscripción de Cepeda. El documento ha recibido el respaldo de tres magistrados, a los que se sumó un cuarto voto, cifra que resulta insuficiente para adoptar una decisión definitiva.
El propio Iván Cepeda ha advertido que una eventual exclusión de la consulta tendría consecuencias políticas inmediatas. En declaraciones públicas, señaló que, de quedar por fuera del mecanismo interpartidista, su candidatura avanzaría directamente a la primera vuelta presidencial.
Desde su equipo de campaña también se anticipó que, ante un fallo adverso, se activarían acciones judiciales como tutelas y otros recursos para controvertir la decisión.
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