Procuraduría suspendió a Carlos Carrillo, director de la Ungrd, por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por presunta participación indebida en política.

La decisión fue comunicada tras el inicio de una investigación disciplinaria sobre posibles actividades políticas desde su cargo público.

La determinación de la Procuraduría se dio en un contexto de vigilancia institucional sobre la conducta de los servidores públicos durante el periodo electoral.

El máximo ente de control disciplinario advirtió que la suspensión responde a la posible intervención de Carrillo en controversias electorales desde su posición de director de la Ungrd, una entidad con cobertura y capacidad de acción en todo el país.

La suspensión de Carrillo se suma a la decisión de apartar del cargo al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, también por presunta participación indebida en política. Ambos casos están sujetos a procesos disciplinarios que podrían derivar en destitución, inhabilidad o sanciones económicas, dependiendo del resultado de la investigación.

“Utilizar el cargo para participar de manera indebida en controversia política consistente en la publicación de unos mensajes en su cuenta de la red social X en la que se identifica como Embajador de Colombia en Brasil al generar su apoyo en favor de una campaña política y hacer parte de la controversia que la actual campaña suscita”, indicó la entidad

El exministro Luis Felipe Henao presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra Carrillo. Henao sostuvo que no puede normalizarse la participación de altos funcionarios en controversias electorales desde su investidura pública.

“Mientras el Consejo de Estado le ordena al Presidente abstenerse de intervenir en política y la Procuraduría investiga a ministros y embajadores por conductas similares, no puede normalizarse que quien dirige una entidad con enorme poder presupuestal y presencia en todo el territorio nacional participe en controversias electorales desde su investidura pública”, señaló el exministro.

En una segunda comunicación, expresó: “Me alegra que la Procuraduría haya suspendido a Carlos Carrillo. Acá la queja presentada ante la Procuraduría, pidiendo su suspensión. Es el momento de defender la democracia”.

Las reglas sobre la participación política de servidores públicos han sido objeto de debate, especialmente durante el actual proceso electoral. El caso de Carrillo se enmarca en una serie de advertencias y decisiones adoptadas por la Procuraduría para proteger la neutralidad de quienes ocupan cargos estatales.

Carlos Carrillo ha realizado declaraciones públicas en las que expresó su respaldo a algunas posiciones del presidente Gustavo Petro y criticó las restricciones existentes sobre la participación política de los funcionarios.

En una intervención reciente, sostuvo: “Los funcionarios públicos, por una disposición que existe y que está vigente —y que es muy hipócrita, debo decirlo—, no podemos intervenir indebidamente en política”. También afirmó: “Yo considero que el presidente es un hombre que siente un cariño real por el pueblo colombiano. El señor presidente quiere un país mejor, quiere un país más justo”.

En referencia al clima político, Carrillo manifestó su preocupación por el avance de sectores que calificó como un proyecto “abiertamente fascista” en Colombia y explicó que comprende la inquietud del mandatario ante la polarización en la campaña presidencial. “Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente”, expresó.

Las declaraciones de Carrillo se conocieron después de que el presidente Petro hiciera un llamado público en sus redes sociales para defender los logros de su administración y pedir a los ciudadanos proteger los avances alcanzados.

Pese a sus posturas, Carrillo reiteró la importancia de mantener los límites legales de la participación política y aclaró que los funcionarios públicos deben actuar conforme a lo que la normativa permite y evitar acciones que puedan interpretarse como intervención indebida en los procesos electorales.