La Defensoría del Pueblo manifestó su respaldo al Auto 002 de 2026 de la Corte Constitucional, que ordena a diversas autoridades nacionales y territoriales informar sobre las acciones implementadas para proteger a la población de Tibú y el Catatumbo. Esta región, ubicada en el norte de Norte de Santander, enfrenta una crisis humanitaria agravada por el aumento de la violencia armada y la consolidación territorial de grupos armados ilegales.
La Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra que informen sobre las medidas adoptadas desde la emisión de la Alerta Temprana 017 de 2025.
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Dicha alerta advertía sobre riesgos para la población civil derivados del enfrentamiento entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, así como del control territorial impuesto por el ELN, que incluyó restricciones a la movilidad y normas de conducta impuestas a las comunidades.
La Defensoría del Pueblo recordó que entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se observaron situaciones como desplazamientos forzados, confinamientos, uso de vehículos no tripulados y presencia de artefactos explosivos en corregimientos de Tibú y El Tarra. La crisis se profundizó en los corregimientos de Pachelli, Angalia, Las Palmeras y Filogringo, donde las comunidades sufrieron graves afectaciones.
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Intervención humanitaria y verificación internacional
La Defensoría informó que el 31 de diciembre de 2025 alertó formalmente al Ministerio del Interior sobre la materialización de los riesgos advertidos en la alerta temprana y solicitó la pronta ejecución del plan de acción recomendado. En enero de 2026, una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica verificó la situación en terreno.
“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.
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Detalles de los requerimientos judiciales a las autoridades
El Auto 002 de 2026 instruyó al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), a remitir en un plazo de diez días un informe detallado sobre la coordinación y resultados de los planes de respuesta estatal a la Alerta Temprana No. 017 de 2025. El informe debe incluir si existe un plan de acción integral, responsables, mecanismos de coordinación, medidas diferenciales para la población firmante de paz y resultados verificables.
A la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña, la Corte solicitó informar cómo han incorporado la alerta temprana en sus planes de prevención y contingencia, qué acciones se activaron, cómo coordinaron la respuesta con el nivel nacional y qué recursos públicos se asignaron. Se exige especificar montos, fuentes de financiación y la coherencia entre necesidades identificadas y recursos asignados.
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La Corte Constitucional monitorea la respuesta institucional para verificar si las medidas implementadas han resultado en una protección efectiva y coordinada de la población civil. Las Salas Especiales de Seguimiento han observado que, a pesar de algunas acciones, la emergencia humanitaria persiste y los esfuerzos estatales no han producido resultados duraderos.
Llamado a la acción y vigilancia institucional ante la crisis
La Defensoría del Pueblo insistió en la urgencia de que el Gobierno nacional cumpla de manera estricta lo ordenado por la Corte Constitucional e implemente las recomendaciones de la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025. El objetivo es prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
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“Esta providencia busca que las entidades responsables rindan cuentas sobre las medidas implementadas frente a los riesgos ya advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, en la que se alertaba sobre una grave situación de seguridad y posibles vulneraciones de derechos humanos en esta zona del país”, señaló la Defensoría del Pueblo.
La Corte Constitucional continuará con el seguimiento detallado a la situación humanitaria en el Catatumbo, verificando que las autoridades nacionales y territoriales articulen acciones oportunas, coordinadas y efectivas para proteger a la población civil afectada por la violencia y el desplazamiento forzado.
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