El concejal Julián Uscátegui denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha gastado más de $88.840 millones en mesas de diálogo y procesos de negociación con grupos armados ilegales entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, según información del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
El concejal señaló que la política de “Paz Total” funcionó como un mecanismo que otorgó beneficios y recursos a organizaciones criminales que, a pesar de los diálogos, siguen delinquiendo en el país.
Millonario gasto en procesos de diálogo con grupos ilegales
El Gobierno nacional destinó sumas significativas a las negociaciones con estructuras armadas como el ELN, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y los Comuneros del Sur. Estos recursos incluyeron honorarios, transporte aéreo, medidas de protección, viáticos, logística y participación de la sociedad civil.
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En los procesos con el ELN, organización señalada de no haber cesado sus acciones de secuestro, asesinato y ataques a la infraestructura, se invirtieron más de $32.960 millones. De ese total, $6.889 millones correspondieron a honorarios, $7.521 millones a transporte aéreo, y $4.748 millones a medidas de protección para los negociadores. La mesa terminó suspendida sin resultados concretos para la seguridad de los colombianos, según la denuncia de Uscátegui.
En los diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, responsable de delitos como narcotráfico y reclutamiento forzado, se gastaron $34.601 millones. Los gastos incluyeron $6.123 millones en honorarios, $7.498 millones en transporte aéreo, y $6.033 millones en medidas de protección, además de $6.280 millones destinados a la participación de la sociedad civil.
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Detalles del gasto y denuncias sobre la Segunda Marquetalia
A la Segunda Marquetalia, cuyos integrantes están vinculados por la Fiscalía al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se le destinaron más de $13.106 millones, de los cuales $1.665 millones fueron honorarios y $3.884 millones correspondieron a transporte aéreo. Los Comuneros del Sur recibieron más de $8.172 millones, incluyendo $898 millones en honorarios y $669 millones en transporte aéreo.
Julián Uscátegui manifestó que “la denominada ‘Paz Total’ no es una política de paz, sino una política de impunidad financiada con los recursos de todos los colombianos. Mientras el Gobierno entrega beneficios a manos llenas a los criminales, estos continúan asesinando, secuestrando y extorsionando colombianos sin consecuencia alguna”.
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Desglose de la Mesa de Diálogos con el ELN
Durante el periodo del 15 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2025, el proceso de paz con el ELN alcanzó un total de $32.960.052.386. Este monto incluye $23.774 millones en el proceso de paz general, desglosados en honorarios ($6.889 millones), viáticos y desplazamientos ($727 millones), tiquetes aéreos ($614 millones), transporte aéreo ($7.521 millones), medidas de protección ($4.748 millones), logística ($1.832 millones) y participación de la sociedad civil ($1.439 millones).
El Comité Nacional de Participación-ELN representó un gasto de $9.164 millones, con $677 millones en honorarios, $2.054 millones en tiquetes aéreos y $5.516 millones en logística. El mecanismo de monitoreo y verificación sumó $21 millones adicionales.
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Mesa de Diálogos con el Estado Mayor Central
En la negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y otros frentes (EMC), el periodo evaluado fue del 13 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2025, con un gasto de $34.601.340.429. El proceso de paz absorbió $31.884 millones, con $6.123 millones en honorarios, $7.498 millones en transporte aéreo, $6.033 millones en medidas de protección, y $6.280 millones para participación de la sociedad civil, además de otros costos logísticos y de movilización.
El mecanismo de monitoreo y verificación del EMC sumó $2.716 millones, que incluyeron $102 millones en honorarios, $1.941 millones en tiquetes aéreos y $1.596 millones en logística.
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Impacto y cuestionamientos institucionales
El concejal Uscátegui advirtió que estos procesos han significado un elevado costo económico sin los resultados esperados en materia de seguridad, ya que continúan los ataques terroristas y la violencia armada en distintas regiones del país. Para el cabildante, la “Paz Total” representa un mensaje negativo: “en Colombia el crimen recibe incentivos, beneficios y recursos, mientras la legalidad pierde respaldo”.
El gasto total de la política supera los $88.840 millones, de los cuales la mayor parte ha sido utilizada en honorarios, transporte, protección y participación, sin que se refleje una disminución significativa en los hechos de violencia atribuidos a los grupos armados con los que se negoció.
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Uscátegui concluyó que “es infame que el gobierno Petro destine los impuestos que los colombianos pagan con tanto esfuerzo a financiar viajes y esquemas de protección para los criminales responsables de la violencia y el terror que hoy padece todo país”.
La política de “Paz Total” fue una de las apuestas más visibles del Gobierno Petro, con el objetivo declarado de buscar la pacificación mediante el diálogo y la negociación con todos los actores armados ilegales del país. Sin embargo, según la denuncia del concejal, a pesar de la millonaria inversión, los indicadores de violencia y criminalidad continúan siendo motivo de preocupación nacional.
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