Tras denuncia de Nayib Bukele, ministro de Justicia anunció medidas para bloquear señales en cárceles de Colombia

El gobierno de El Salvador reclamó a las autoridades de Colombia la intervención inmediata frente a una red de estafas telefónicas que opera desde la cárcel de Cómbita en Boyacá.

La alerta, que involucra a personas privadas de libertad en ese centro penitenciario, apunta a que los delitos afectan a víctimas en varios países de Latinoamérica.

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El señalamiento se produjo después de que Gustavo Villatori, ministro de Seguridad salvadoreño, advirtiera que el esquema delictivo utiliza llamadas para engañar a ciudadanos en la región.

Según lo declarado por Villatori, en El Salvador “no existen carteles de droga ni mucho menos secuestradores”, descartando peligros físicos para quienes reciben esas comunicaciones fraudulentas. La noticia resaltó la preocupación sobre la multiplicación de estos hechos en el continente.

El caso cobró notoriedad tras afirmaciones atribuidas al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien denunció que internos de la cárcel de Cómbita contactaron a residentes en su país.

Frente a las acusaciones y la presión diplomática, el ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga, anunció medidas inmediatas.

“Vamos a tomar medidas urgentes en Cómbita de bloqueo de señales, como lo hemos venido hablando desde el año pasado”, expresó Idárraga.

El ministro enfatizó que “no pueden seguir presentándose situaciones de llamadas al interior de los centros penitenciarios”.

La preocupación escaló luego de que el propio gobierno estadounidense, según declaraciones de Bukele, reportara “más de 100 teléfonos activos en la cárcel de Cómbita”.

La administración colombiana reconoció el desafío que representa la expansión de estos delitos y la urgencia de impedir que “el flagelo de la extorsión no solamente se naturalice en Colombia, sino que se expanda a Centroamérica”.

Idarraga explicó que la instrucción directa al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) consiste en obtener resultados inmediatos en la implementación de bloqueadores de señal.

“Le he pedido al señor director de Uspec que esta semana tengamos resultados concretos a propósito del funcionamiento de los bloqueadores en la cárcel de Cómbita”, afirmó el ministro.

De esta manera están extorsionando en El Salvador

En una operación que abarca varios países, las autoridades de El Salvador advirtieron sobre una red de estafas telefónicas que utiliza sofisticados métodos de engaño psicológico para extorsionar a víctimas en toda la región.

La estructura, funciona desde cárceles de Colombia y emplea números internacionales de países como México y Guatemala para dificultar su rastreo.

El esquema comienza cuando los delincuentes localizan a personas que ofrecen servicios u oficios en redes sociales. Fingiendo interés en algún trabajo o transacción, concretan una cita y, mediante preguntas aparentemente inocentes, obtienen detalles sobre la indumentaria, el vehículo o la compañía de la víctima.

El ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, explicó que, al llegar al sitio acordado, la persona recibe una llamada donde le aseguran que ha sido secuestrada y le exigen dinero para su “liberación”. “En ninguno de los casos ha existido un riesgo real. Todo es un montaje psicológico”, puntualizó Villatoro.

Las investigaciones de la Fiscalía General de El Salvador revelaron que el grupo criminal también realiza fraudes vinculados a envíos inexistentes, inversiones ficticias y alquileres vacacionales fraudulentos. El fiscal general Rodolfo Delgado declaró que el patrón común es “generar urgencia, aislar a la víctima y explotar el miedo”.

El rastreo tecnológico, con apoyo de Estados Unidos, permitió identificar más de 375 números telefónicos ligados a esta operación. El origen de las llamadas se ubicó en la cárcel de Cómbita, considerada una de las más seguras de Colombia, donde conviven cerca de 2.800 reclusos de alto perfil.

Durante un operativo reciente en el centro penitenciario El Barne, la Policía Nacional de Colombia decomisó 105 celulares, tres módems y 53 tarjetas SIM, además de directorios y armas blancas, según registros audiovisuales difundidos en la prensa.

Desde El Salvador, Villatoro exigió a las autoridades colombianas medidas urgentes para frenar el acceso a dispositivos en las prisiones: “No se entiende cómo en una cárcel de América Latina los reos tienen acceso a esta cantidad de teléfonos y SIMs”, reclamó.