
El presidente Gustavo Petro, solicitó de manera oficial una retractación pública al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que este último lo señalara como “enemigo” en el contexto de la entrega de un título minero en el predio La Mandinga, en el Bajo Cauca antioqueño. La controversia escaló cuando el mandatario departamental acusó al Gobierno Nacional de facilitar la explotación ilícita en esta zona estratégica para la seguridad y el medio ambiente.
Según informó El Tiempo, el 11 de abril de 2024, una comitiva del Gobierno Nacional encabezada por Gustavo Petro y varios de sus ministros asistió a la Asamblea Popular por la Paz y la Vida en Caucasia, Antioquia. Durante el acto, se entregaron títulos mineros, uno de ellos a Hermelina Isabel Cardozo Calle, quien fue llamada a la tarima en presencia del entonces presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, y el ministro de Minas de ese momento, Andrés Camacho.
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El medio precisó que el título entregado corresponde al predio La Mandinga, colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles en Cáceres, y que ya había sido objeto de reportes de actividades mineras presuntamente ilegales. Un informe del Ejército Nacional, fechado en diciembre de 2022 y citado por el diario, señala: “Actualmente, el predio Mandinga es colindante con el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, donde hemos sido testigos y afectados directos de la grave devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal de minerales desarrolladas por pobladores de los municipios de Cáceres y Caucasia”.
Las declaraciones cruzadas y la respuesta presidencial
La controversia se intensificó cuando Andrés Julián Rendón publicó en redes sociales: “Tan difícil para la Fuerza Pública con el enemigo de Jefe”, en clara alusión al presidente.
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Ante esto, Gustavo Petro respondió: “Usted me ha calumniado y le solicito oficialmente rectificar y retractarse. Proceda”, haciendo pública su exigencia a través de su cuenta oficial.

De acuerdo con una recopilación de La FM, Rendón responsabilizó a quienes explotan de manera ilegal el predio La Mandinga de estar detrás de los paros mineros que han afectado el Bajo Cauca entre 2022 y 2026.
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Además, cuestionó la gestión del Gobierno Nacional, afirmando: “Ese predio ya había pasado al Fondo de Reparación para las víctimas, pero hoy el crimen se ha apoderado de él y lo ha sometido a explotación ilícita de minerales, generando un daño ambiental que salta a la vista”.
El contexto institucional y las acciones en curso
De acuerdo con El Tiempo, la Agencia Nacional de Minería ordenó recientemente la reasignación del conocimiento, custodia y trámite del título minero de La Mandinga al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. La medida busca establecer si la concesión fue otorgada conforme a la normativa y si corresponde efectivamente al predio en cuestión.
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Por otro lado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) explicó que el predio pasó por orden de un juez a la Unidad de Reparación de Víctimas, lo que abre el interrogante sobre la legalidad y seguimiento en la entrega de títulos mineros en esta zona. El diario también reportó que la comerciante beneficiaria, Hermelina Cardozo, está vinculada a un establecimiento en Cali dedicado a la extracción de oro y que viene pagando regalías por la explotación del título.

Impacto ambiental y cuestionamientos institucionales
El medio ya mencionado detalló que la explotación ilícita ha transformado el predio en un “desierto de lodo y mercurio”, con una afectación ambiental que abarca el equivalente a 50.000 campos de fútbol. El informe del Ejército Nacional advierte: “De acuerdo con la información aportada por el Ejército Nacional, se evidencian unos pasivos ambientales por las intervenciones efectuadas a la flora, fauna, suelo, aguas, que afectan directamente la hidrología, geomorfología del área y su paisaje”.
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Por su parte, Corantioquia indicó, mediante herramientas de georreferenciación citadas, que el proyecto Mina Mandinga está a solo un kilómetro de los límites del batallón militar. Desde 2011, la entidad ha informado a la Fiscalía y la Procuraduría sobre las irregularidades ambientales detectadas en la zona.

El trasfondo político y los interrogantes sin resolver
El origen reciente de la controversia remite a una investigación internacional publicada por el fotoperiodista Federico Ríos en The New York Times, donde se documentó la extracción ilegal y sus nexos con organizaciones criminales. El reportaje evidenció la presencia del ‘Clan del Golfo’ en el control de la zona y el ingreso de oro a circuitos internacionales, según cita el diario estadounidense.
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El gobernador Andrés Julián Rendón insistió, según La FM, en que el Gobierno Nacional debe responder tanto por el daño ambiental como por la usurpación de tierras destinadas a las víctimas del conflicto. La administración departamental sostiene que la falta de una intervención efectiva representa una muestra de la debilidad institucional para frenar la minería ilegal.
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