Fiscalía reveló las evidencias del escándalo de Lili Pink que salpican a los dueños de la empresa por el delito de lavado de activos

En un megaoperativo judicial, las autoridades colombianas ejecutaron acciones contra la reconocida cadena de almacenes Lili Pink, con nueve órdenes de captura y la incautación de 440 bienes en diferentes ciudades del país.

La Fiscalía General de la Nación identificó a Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi como presuntos líderes de una red transnacional de contrabando y lavado de activos, cuyos ‘tentáculos’ alcanzan Panamá, Bahamas y otros países de la región, según información obtenida por El Tiempo.

Las pruebas que vinculan a Max y David Abadi con delitos de contrabando y lavado de activos incluyen evidencia documental, interceptaciones telefónicas y rastreo de transacciones bancarias en Colombia y el extranjero. El ente acusador halló empresas de papel, transacciones por $760.000.000.000 de representantes legales ficticios y operaciones que involucran a empleados y familiares, todo articulado para simular legalidad y ocultar el origen ilícito de grandes sumas de dinero.

Cabe recordar que, durante la última década, Lili Pink pasó de ser una recién llegada al segmento de ropa íntima a consolidarse entre las 600 empresas más importantes en ventas en Colombia. El crecimiento acelerado se produjo desde 2014, cuando la cadena expandió su presencia nacional e internacional, alcanzando franquicias en nueve países de América Latina.

En 2024, Fast Moda S.A.S., firma matriz de la marca, declaró ventas por $518.000.000.000, según la fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo. La investigación identificó un entramado de empresas de papel y transferencias internacionales que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían permitido incrementar la fortuna del grupo Abadi en $434.000.000.000.

Cómo operaba la red empresarial de Lili Pink

El expediente detalla la creación de empresas ficticias, muchas de ellas constituidas a nombre de empleados y familiares de los Abadi. Un conductor, Jonnathan Villamil Soler, aparece como representante legal de una de las proveedoras, trasladando mercancía etiquetada como hecha en Colombia aunque de procedencia china.

Paralelamente, el ente acusador identificó a tesoreros y ejecutivas de talento humano que figuraban en los registros de las compañías involucradas. Pink Life S.A.S., parte fundamental del esquema, reporta activos por $280.000.000.000 y comparte representantes legales con otras sociedades.

Al verificar la existencia de proveedores como Costa Vásquez S.A.S., Control Lock S.A.S. y Continental de Importaciones, las autoridades hallaron algunos lotes baldíos y direcciones inexistentes, lo que confirmó la existencia de empresas de papel.

Además de detectar instrucciones para desobedecer al nuevo gerente de los almacenes, designado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y continuar rindiendo cuentas a los dueños.

Rastreos financieros y vínculos internacionales

El seguimiento financiero permitió ubicar importadoras como Iexport, Distribuidora Variedades, Fashion Tech y One Boy, cuyos productos eran comercializados por Fast Moda S.A.S., Innova Quality S.A.S. y Pink Life S.A.S. Al mismo tiempo, se detectaron sociedades constituidas en Panamá —Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., Fiveshe S.A., Threesus S.A. y Betsea Blue S.A., entre otras— controladas por personas allegadas al grupo Abadi, y utilizadas para canalizar fondos y mercancía.

Las transferencias identificadas incluyeron envíos millonarios a Bahamas y otras jurisdicciones, y el operativo permitió bloquear cuentas bancarias con saldos por $4.000.000.000. Entre la documentación incautada figuran pasaportes de los presuntos líderes y pruebas que, según el medio citado, fortalecen la hipótesis de una red transnacional deliberadamente diseñada para ocultar el origen de fondos ilícitos.

Avances judiciales y pruebas reunidas contra los Abadi

Hasta ahora, solo una de las nueve órdenes de captura fue ejecutada, de acuerdo con El Tiempo. Los implicados —empresarios, representantes legales y empleados— figuran en sociedades cuyos movimientos, según la Fiscalía, carecen de respaldo económico real.

El expediente reúne pruebas documentales, interceptaciones, registros notariales y evidencia de que los mismos nombres aparecen en empresas que cambiaban de razón social para dificultar el seguimiento de las operaciones. Entre las acciones ejecutadas se encuentran también la incautación de dinero en efectivo, documentos contables y bienes de alto valor, así como la confiscación de mercancía y el bloqueo de cuentas bancarias.

El ente investigativo sostiene que las compañías cuestionadas simulaban operaciones legales mediante facturas falsas y representaciones legales ficticias, mientras transferían recursos al exterior bajo la apariencia de comercio formal.

La defensa de los Abadi y polémicas en el caso

El penalista Iván Cancino, apoderado de los Abadi, declaró al medio citado que sus representados comparecerán ante la justicia, aunque de manera virtual. Cancino sostuvo que parte de las incautaciones afecta locales operados por franquiciados sin relación con el entramado ilícito, y cuestiona la gestión y destino de la mercancía decomisada, que superaría los $54.000.000.000.

Allegados a los Abadi insisten en que las acusaciones perjudican a terceros ajenos al esquema societario. La defensa denunció presuntas irregularidades en los operativos fiscales y exigió aclaraciones sobre la transparencia en el manejo de los bienes retenidos.

Mientras avanza la investigación, la defensa reafirma la disposición de los Abadi a explicar su versión ante los jueces competentes, manteniendo la expectativa en torno a uno de los casos más voluminosos y complejos del sector comercial de Colombia.