Estas son las alertas que encendió el plan para que operadores postales hagan transacciones financieras

La discusión no se encendió en un banco ni en una fintech, sino en un borrador de decreto que comenzó a circular silenciosamente y terminó sacudiendo a todo el sector financiero colombiano. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, planteó habilitar a los operadores postales para ofrecer servicios que hoy son propios del sistema financiero, como depósitos y transferencias. La reacción no tardó, para buena parte del ecosistema, la iniciativa abre un terreno delicado y lleno de riesgos.

El proyecto busca adicionar un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015 y permitir que empresas de servicios postales amplíen su portafolio hacia actividades tradicionalmente reguladas por la Superintendencia Financiera. En la práctica, esto implicaría que estos operadores puedan manejar recursos del público sin quedar bajo la vigilancia del ente que supervisa a bancos, cooperativas y fintech. Esa sola posibilidad encendió las alertas.

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Desde el ecosistema fintech, el rechazo es frontal. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, sostuvo que la propuesta carece de sustento técnico y rompe con principios básicos de la regulación financiera. “Lo que se está proponiendo en este decreto es que cojan la platica de la gente, pero no cumplan con ningún requisito. No los supervisa la Superfinanciera, sino del Ministerio de las TIC, que no tiene ni la gente ni el conocimiento ni la tecnología para hacer este tipo de supervisión”, afirmó en Portafolio.

El dirigente fue más allá al advertir que la captación de recursos del público no es una actividad menor. Según explicó, implica exigencias estrictas, seguros de depósito, encajes, monitoreo patrimonial permanente y sistemas robustos de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. “Esto sería desastroso para el país. Se está tratando de permitir que estas empresas capten recursos del público sin toda la vigilancia, supervisión y normatividad que se deriva de esta actividad”, agregó.

Uno de los puntos que más inquieta al sector es el cambio en el esquema de supervisión. Santos cuestionó que el Ministerio TIC asuma un rol para el cual, a su juicio, no está preparado. “Es un exabrupto completo pasar de una supervisión de más de 1.300 personas en la Superintendencia Financiera a una oficina de unas 20 personas sin conocimiento técnico en el MinTIC”, señaló. En ese contexto, también puso en duda el argumento de inclusión financiera que acompaña al decreto. Para él, hoy existe un compromiso real del sistema bancario, fintech y solidario para cubrir la totalidad de los municipios, tanto por canales físicos como digitales.

La banca tradicional comparte buena parte de esas preocupaciones. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) alertó que la iniciativa podría derivar en un arbitraje regulatorio, operadores efectua actividades financieras con reglas más laxas que las que rigen para el resto del sistema. En un pronunciamiento público, la entidad advirtió que esto generaría vacíos en la gestión de riesgos, en los controles contra el lavado de activos y en la capacidad de respuesta ante eventuales crisis.

Asobancaria también recordó que el Banco de la República ha manifestado inquietudes sobre los efectos del proyecto en el ecosistema de pagos. En particular, señaló que podría afectar el desarrollo de los pagos inmediatos y el avance de Bre-B, al fragmentar el sistema y, paradójicamente, incentivar el uso del efectivo en lugar de reducirlo.

Desde el otro lado del debate, los operadores postales defienden el decreto y aseguran que no se trata de una puerta trasera al negocio bancario. Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostales, explicó en entrevista con Blu Radio que la propuesta tiene sustento legal en la Ley 1369 de 2009 y en el Tratado de Ginebra de 2008, que reconocen los servicios postales de pago. Según indicó, además del giro en efectivo, que ya existe, el contexto internacional contempla el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago, figuras que aún no estaban reglamentadas en Colombia.

Carreño insistió en que el objetivo es complementar, no competir. “Nosotros lo que vamos a hacer es permitir que los colombianos del estrato 1, 2 y 3, que no los atiende la red bancaria, puedan tener ese servicio, y consignar esos recursos en las entidades financieras”, afirmó. De acuerdo con su versión, los operadores postales cuentan con sistemas de administración de riesgos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, diseñados con base en estándares del sector financiero. “Nosotros tenemos un sistema muy robusto y lo que esperamos con ese depósito postal cubra todas las regiones periféricas”, sostuvo.

El dirigente también aseguró que el proyecto está abierto a observaciones y ajustes. Sin embargo, en la página web del Ministerio TIC se indica que el plazo para recibir comentarios al borrador del decreto cerró el 16 de enero de 2026. Con ese calendario ya vencido, el debate sigue abierto y la tensión persiste.