
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa para esclarecer presuntos hechos de acoso sexual que habrían ocurrido en el ámbito de la Gobernación del Magdalena entre 2020 y 2023.
La actuación disciplinaria fue adoptada de oficio, luego de que se conociera información pública en la que varias mujeres relatan supuestas conductas indebidas en el contexto laboral, relacionadas con funcionarios y directivos de la administración departamental y del movimiento político Fuerza Ciudadana.
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La Procuraduría informó que el proceso se encuentra en etapa preliminar y que su finalidad es verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, así como establecer responsabilidades disciplinarias, en caso de que se configuren. La entidad señaló que se garantizará el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas.
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Según el ente de control, la indagación fue asumida por la Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena, instancia que ordenó la práctica de pruebas para determinar si existen denuncias previas, vínculos laborales de las personas mencionadas en los testimonios y eventuales actuaciones penales relacionadas con los hechos objeto de análisis.
Alcance de las pruebas

De acuerdo con la información oficial, la indagación previa busca establecer si los hechos denunciados constituyen faltas disciplinarias y si existe mérito suficiente para abrir una investigación formal. Para ello, se ordenó la verificación de antecedentes administrativos y judiciales, así como la recopilación de información sobre las relaciones laborales entre las presuntas víctimas y la administración departamental durante el periodo señalado.
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La Procuraduría precisó que esta etapa no implica formulación de cargos ni prejuzgamiento, sino un ejercicio de verificación inicial frente a hechos que han tenido amplia difusión pública.
La apertura de la indagación coincide con la existencia de una denuncia penal formal presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra Carlos Caicedo, en la que se le señala por los presuntos delitos de “acoso sexual”, “actos sexuales abusivos” y “acceso carnal con incapacidad de resistir”.
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El documento fue radicado el 21 de enero de 2026 por el abogado y exdirector del CTI Julián Quintana, tal como consta en copia oficial y en publicaciones realizadas por el propio jurista en sus redes sociales.
Testimonios conocidos

Según el escrito presentado ante la Fiscalía, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2020 y 2023, periodo en el que Caicedo estuvo al frente de la Gobernación del Magdalena. La denuncia se apoya en testimonios de mujeres que se desempeñaron como funcionarias, contratistas o aspirantes a cargos dentro de la administración departamental o en el movimiento Fuerza Ciudadana.
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De acuerdo con el documento y con testimonios recogidos por La FM, las denunciantes describen una presunta dinámica de acoso sostenido en el tiempo, en la que el poder político y administrativo habría sido utilizado como mecanismo de presión.
Cuatro mujeres, cuyas identidades fueron reservadas, salvo el caso de María Alejandra Rojas, declararon al medio que el acceso a ascensos, estabilidad laboral o mejoras salariales estaría condicionado, según sus relatos, a la aceptación de propuestas sexuales o insinuaciones atribuidas a Caicedo u otros altos funcionarios del movimiento político.
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Las denunciantes señalaron que el control ejercido se dirigía a su entorno profesional y que la negativa a aceptar dichas propuestas tendría consecuencias en su desarrollo laboral. Una excolaboradora de la Gobernación relató que, durante un evento oficial, el entonces gobernador le habría solicitado subir a su habitación para “complacerlo”, con la promesa de un ascenso. Tras negarse, afirmó que su carrera se estancó y que no recibió el reconocimiento laboral ofrecido.
Otra denunciante indicó haber trabajado bajo la supervisión de un asesor y funcionario de alto rango que, según su testimonio, la acosaba sexualmente y llegó a tocarla sin su consentimiento. Aseguró que varios compañeros presenciaron los hechos, pero no intervinieron, y señaló además que, tras acudir a la Secretaría de la Mujer y a directivos de la administración, recibió propuestas que, según dijo, buscaban su silencio.
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Respuesta de Caicedo

Caicedo, actual candidato a la Presidencia de la República, reaccionó públicamente a las denuncias, asegurando que la aparición de los señalamientos coincide con la formalización de su candidatura y los atribuyó a una estrategia de desestabilización política. En su cuenta de X escribió: “No es casualidad que, tras aprobarse las firmas, reaparezcan las viejas estrategias para distraer y desestabilizar. Un chat sin verificación no es evidencia”.
En el mismo mensaje agregó: “Con ese libreto me encarcelaron cinco años (absuelto), me acusaron 20 años de homicidios (preclusión 2023) y archivaron más de 400 procesos. Soy el único candidato presidencial declarado víctima de persecución política por la JEP”. Caicedo también anunció acciones legales contra los medios que han divulgado los testimonios.
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