Corte Constitucional fijó nuevos criterios para el manejo de conflictos escolares entre menores de edad

La Corte Constitucional profirió una decisión en la que redefinió la forma en que deben ser tratados los conflictos escolares que involucran a niños y niñas, particularmente aquellos relacionados con conductas inapropiadas de connotación sexual ocurridas en el entorno educativo.

El pronunciamiento se registró al revisar una acción de tutela interpuesta por los padres de una menor de edad, luego de que un episodio sucedido durante un recreo escolar no fuera abordado, según alegaron, con un enfoque adecuado a la edad y condiciones de los estudiantes involucrados.

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El caso analizado por el alto tribunal se originó a partir de un hecho ocurrido entre dos compañeros de curso, ambos menores de doce años. Durante un juego en el recreo, uno de los niños siguió a la niña y le dijo una frase de connotación sexual. Tras lo sucedido, la menor informó a sus padres, dejó de asistir al colegio por algunos días y el niño fue cambiado temporalmente de salón.

Posteriormente, las directivas de la institución decidieron que el niño regresaría al curso original y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerarlo una conducta tipo C, susceptible de encajar en un tipo penal. Ante esta situación, los padres de la menor interpusieron una acción de tutela contra el rector del colegio; sin embargo, en primera instancia, el juez negó el amparo solicitado y, en segunda instancia, la acción fue declarada improcedente.

Derechos protegidos por la Corte

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados César Humberto Carvajal Santoyo (e), Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, asumió el estudio del expediente. Tras el análisis, la Sala decidió amparar el derecho a la educación en un entorno libre de violencias de la menor, así como el derecho a la educación integral del niño, el interés superior de ambos, su derecho al desarrollo integral y al debido proceso.

En su análisis, la Corte tuvo en cuenta la edad de los niños y las circunstancias específicas del conflicto, y consideró necesario adoptar un enfoque pedagógico, restaurativo y de protección integral, orientado por el interés superior del niño y la niña, el enfoque de género y el principio de corresponsabilidad en la protección de los menores de edad.

La Sala también señaló que el uso de categorías sancionatorias o basadas en el concepto de culpa propias del derecho sancionatorio resulta inadecuado cuando se trata de niños y niñas menores de doce años. En este sentido, enfatizó que los procesos disciplinarios en los colegios deben orientarse a la formación, y no a la estigmatización ni al uso de categorías punitivas propias de procesos judiciales.

Enfoque sobre sexualidad y debido proceso

En el fallo, la Corte recordó que todo procedimiento que involucre a niños y niñas debe perseguir la satisfacción de su interés superior, reconocerlos como sujetos de derechos, con autonomía progresiva, y garantizar que su voz sea escuchada. Cuando los asuntos están relacionados con la sexualidad, indicó el tribunal, las respuestas institucionales deben ser acordes con la etapa de desarrollo de los menores, considerar el contexto y evaluar los efectos de la intervención, con el fin de adoptar medidas razonables y proporcionadas.

La Sala estableció una serie de conclusiones sobre el manejo del caso. En primer lugar, determinó que la menor tenía derecho a ser escuchada a raíz de su vivencia y a ser protegida frente a una experiencia que le generó malestar emocional e impactos en su vida escolar. En segundo lugar, señaló que el niño no debía ser etiquetado como agresor sexual, dado que su conducta, aunque inapropiada, debía comprenderse a la luz de su edad, su etapa de desarrollo y una posible exposición a estereotipos de género.

Asimismo, la Corte concluyó que el colegio actuó dentro del marco normativo, pero no desarrolló un enfoque restaurativo, pedagógico y adecuado a las necesidades emocionales de ambos niños. También indicó que el cambio temporal de salón del niño no contó con un acompañamiento suficiente ni con espacios de escucha, y que la institucionalización del caso, a través de las rutas de la Secretaría de Educación y la justicia constitucional, desplazó a los niños del centro del proceso formativo y debilitó la posibilidad de una solución pedagógica.

Órdenes impartidas y alcance del fallo

Como resultado de su decisión, la Corte Constitucional ordenó al colegio propiciar un espacio genuino de escucha para la menor y, de ser necesario, activar rutas de atención que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y posibles cambios en la comprensión de los hechos. La participación de la niña, precisó la Corte, deberá ser voluntaria, informada y concertada con sus padres.

También ordenó brindar la posibilidad de que el niño retorne a la institución educativa, si él y sus padres así lo deciden, garantizando el acompañamiento necesario para comprender su situación emocional y psicológica, así como medidas de adaptación y convivencia escolar respetuosa.

En la parte final de la sentencia, la Sala recordó un adagio nigeriano según el cual se necesita una aldea entera para criar a un niño, y señaló que, en este tipo de procesos, la formación del niño conduce también al aprendizaje de toda la comunidad educativa.