Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

La Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz advirtió el 30 de diciembre un riesgo inminente de escalada bélica entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, tras recibir información confiable sobre el aumento de tensiones entre ambos grupos armados.

Esta alerta llega en un momento crítico, pues las hostilidades provocaron desplazamientos masivos, confinamientos y una crisis humanitaria que revive los peores episodios de violencia de comienzos de año y amenaza con perpetuarse durante el 2025.

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La preocupación de las autoridades se fundamenta en el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad y los efectos directos sobre la población civil.

El balance más reciente advierte que más de 300 personas fueron desplazadas en los últimos días debido a los enfrentamientos y la disputa territorial entre los actores armados, fenómeno que ya se había registrado en enero, con saldo de víctimas y una ruptura profunda de la vida comunitaria.

En comunicación con El Espectador, Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, advirtió: “Cuando el Gobierno Nacional viene, habla de la guerra que hubo de enero a marzo, pero resulta que la situación ha sido permanente, a tal punto que hoy, 11 meses después de esa guerra, tenemos enfrentamientos en toda la zona.”

La gravedad de la situación se refleja también en el uso intensificado de artefactos explosivos, incluidos drones, cuyo impacto fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, que advierte una intensificación del empleo de estos dispositivos con efectos devastadores sobre la población.

El 25 de diciembre se sumó una víctima más por minas antipersonas, y durante la semana anterior un conductor de ambulancia fue asesinado en medio del paro armado impuesto por el ELN.

A esto se suman restricciones a la movilidad, bloqueos a misiones médicas y humanitarias y violaciones al derecho a la alimentación, según reportaron organizaciones sociales y humanitarias a través de un comunicado emitido el 29 de diciembre.

Estos factores transformaron al Catatumbo en el epicentro de la mayor crisis humanitaria que haya experimentado el país en las últimas dos décadas, llevando a la Defensoría del Pueblo a estimar que unas 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento.

El incremento del conflicto armado intensificó el fenómeno del reclutamiento forzado de menores, que, según la Defensoría, habría aumentado en un 252% a lo largo del año. Niño advirtió que el verdadero número podría ser mayor: “Con tantos combates y muertos se necesita mano de obra, y esa mano de obra la sacan de los muchachos, niños y niñas, incluso indígenas.”

Comisión Humanitaria

Frente a este panorama, la Delegación del Gobierno nacional urgió la activación de una Comisión Humanitaria para prevenir nuevas tragedias. Esta comisión estaría conformada por la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, con el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander.

El objetivo sería intervenir de manera inmediata para proteger a la población civil y facilitar la atención humanitaria en un escenario de creciente violencia.

Niño relató al mismo medio las consecuencias inmediatas que genera la disputa territorial: una de las más visibles fue la difusión de un video del Frente 33 en Pacheli, municipio donde “eso solo quería decir que le quitaron ese territorio al ELN”.

El resultado notorio de ese enfrentamiento fue el secuestro de dos mujeres, de 25 y 27 años, y una bebé de un mes. “Esa noche se nos llevaron dos muchachas de 25 y 27 años con una bebé recién nacida de un mes”, detalló. Posteriormente, ambos grupos se culparon mutuamente del hecho.

El 24 y 25 de diciembre estuvieron marcados por una nueva oleada de enfrentamientos, especialmente en la zona rural de Tibú y en el área de La Gabarra, a lo largo de los kilómetros 16 hasta el 25.

Este repunte de los choques armados provocó el desplazamiento de cerca de 180 núcleos familiares, equivalentes a 252 personas —la mayoría mujeres y menores— hacia Tibú y Cúcuta.

A pocos días del cierre del año, las autoridades temen que la escalada de enfrentamientos, desplazamientos y confinamientos continúe e incluso se agrave. La Delegación gubernamental insistió en el comunicado oficial.

“Hacemos un llamado a ambas partes a que cesen sus hostilidades y eviten que se produzca de nuevo una situación similar a la vivida por la población en la región del Catatumbo en enero del año que termina.”

Mientras tanto, se mantiene la alerta máxima en la zona y la presión para que los actores armados atiendan el llamado e ingresen en una fase de desescalamiento, bajo la supervisión de la Comisión Humanitaria.