Candidatos al Congreso se adelantaron a poner publicidad política en Medellín y la Alcaldía la retiró: “Ventajas indebidas”

El retiro inmediato de propaganda política instalada de forma irregular en diversos corredores estratégicos de Medellín (Antioquia) marcó el inicio de una serie de operativos desplegados por la administración local, que busca preservar el equilibrio y la legalidad en la contienda electoral previa a los comicios al Congreso de la República, el 8 de marzo de 2026.

La Alcaldía señaló que el material incautado incluía pasacalles, pendones y afiches que incumplían los criterios sobre ubicación, tamaño y distancia establecidos en la resolución distrital basada en la Ley 130 de 1994.

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El organismo precisó que estas infracciones afectaban el adecuado uso del espacio público y generaban inequidad entre los partidos políticos, vulnerando así la transparencia del proceso electoral.

Los reportes oficiales identificaron a Buenos Aires, Belén, Laureles y El Poblado como los sectores con mayor incidencia de publicidad anticipada, lo que desencadenó la intervención inmediata de las autoridades.

Según el balance del Distrito, la colocación prematura de estos anuncios no solo pretendía “ganar visibilidad anticipada” para los candidatos, sino que además implicaba consecuencias negativas para la movilidad urbana y la convivencia ciudadana.

David Ramírez, subsecretario de Espacio Público de Medellín, enfatizó el enfoque de la administración en asegurar la equidad electoral: “La ciudad mantiene su compromiso con la legalidad y el uso responsable del espacio público. Nuestro deber es garantizar reglas claras, proteger el paisaje y asegurar que ninguna organización política tenga ventajas indebidas. Estamos realizando controles sostenidos. Toda propaganda que no cumpla con la norma será desmontada de inmediato. Nuestro objetivo es preservar el orden y evitar la ocupación indebida del espacio público durante la contienda electoral”, afirmó Ramírez.

Frente a la reiteración de estas prácticas, la Alcaldía anunció la programación de nuevas inspecciones en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, con el fin de verificar el cumplimiento de los límites permitidos.

Además, se recordó que, por cada comuna o corregimiento, la normativa autoriza hasta 30 vallas por partido y 10 piezas publicitarias. Todo el material retirado fue debidamente inventariado, lo que permite un control riguroso de los elementos retirados y otorga transparencia al proceso.

Las autoridades alertaron, además, sobre la detección de prácticas clandestinas, como la instalación de pasacalles y estructuras metálicas durante las madrugadas, y realizaron un llamado a los partidos políticos y a la ciudadanía para que se respete el calendario electoral y se contribuya a la preservación del orden urbano.

“Actuamos con rigor, transparencia y autoridad para garantizar procesos democráticos seguros y equilibrados. La norma se respeta y la haremos cumplir. Invitamos a los partidos, movimientos y ciudadanía a cumplir la resolución, respetar los tiempos y aportar al orden urbano. La convivencia también se construye con responsabilidad política”, concluyó Ramírez.

Recuperación espacio público

Las cifras de desmontes de cambuches y estructuras irregulares alcanzaron un nuevo récord en Medellín durante el año 2025, con la eliminación de 13.181 asentamientos informales en diversos sectores urbanos.

De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía de Medellín, estas acciones se enmarcan en los operativos de recuperación del espacio público, una estrategia impulsada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad.

Las zonas intervenidas incluyeron corredores de alta circulación y áreas estratégicas en las que se había identificado una tendencia persistente de reocupación. Sectores como San Juan, carrera 70, Laureles, Guayabal y Aguacatala figuraron entre los puntos más afectados, donde se reforzó la vigilancia y se implementaron medidas de control territorial combinadas con acompañamiento social.

El objetivo consistió en reducir los riesgos de inseguridad, insalubridad y deterioro ambiental derivados de la proliferación de estas estructuras.

La Administración Distrital destacó que buena parte de los cambuches desmontados eran empleados por habitantes de calle tanto para pernoctar como para almacenar objetos e incluso para desarrollar actividades que contravenían la convivencia urbana. Las autoridades advirtieron sobre el impacto negativo que estas edificaciones informales tienen sobre la percepción y el disfrute del espacio público.