Balacera en Bogotá dejó al descubierto antecedentes de los capturados y un vehículo con múltiples infracciones y millonaria deuda

La madrugada del 24 de diciembre de 2025 dejó al descubierto una compleja cadena de irregularidades judiciales y administrativas tras un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá que terminó con una persona muerta, dos capturados y un amplio cierre vial en pleno centro de la capital.

Más allá del enfrentamiento armado, las autoridades revelaron los antecedentes de los implicados y el historial problemático del vehículo usado durante la persecución, un cúmulo de factores que hoy son clave en la investigación que adelanta la Fiscalía.

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De acuerdo con El Tiempo, uno de los aspectos que más llamó la atención tras el operativo fue el historial judicial de los implicados. La verificación de antecedentes reveló que tanto los capturados como el fallecido registraban procesos previos: uno tenía anotaciones por porte ilegal de armas, otro por fuga de presos y todos aparecían vinculados a investigaciones por hurto.

Estos antecedentes, según la Policía, refuerzan la hipótesis de que se trataba de una estructura delictiva activa que se movilizaba armada por la ciudad.

A este panorama se suma el “lío” administrativo del vehículo involucrado en la persecución. La camioneta, con placas de Medellín, acumulaba 22 comparendos de tránsito y una deuda cercana a los 21 millones de pesos.

Entre las infracciones registradas figuran exceso de velocidad, ausencia de revisión técnico-mecánica y falta de Soat vigente. Para las autoridades, este historial no solo evidencia un reiterado incumplimiento de las normas de tránsito, también abre preguntas sobre la procedencia del vehículo y la responsabilidad de su propietario.

El despliegue policial comenzó en el norte de la ciudad, en la localidad de Suba, cuando uniformados del CAI Alhambra realizaban controles de rutina sobre la autopista Norte con calle 116.

Según el reporte oficial conocido por El Tiempo, los agentes le hicieron la señal de pare al conductor de una camioneta de alta gama con placas de Medellín. La orden fue ignorada y, en lugar de detenerse, el vehículo embistió a los policías y emprendió la huida hacia el sur de Bogotá.

Ese primer acto de evasión marcó el inicio de una persecución que se extendió por varios kilómetros y que obligó a activar un “plan candado” en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con la versión entregada por la teniente coronel Sandra Lancheros, comandante operativa de seguridad ciudadana, durante el recorrido los ocupantes de la camioneta dispararon en repetidas ocasiones contra las patrullas, lo que llevó a los uniformados a responder con sus armas de dotación, conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza.

El operativo tuvo su punto final en la carrera Décima con calle Sexta, en el sector de San Victorino, uno de los corredores más transitados del centro de Bogotá. Allí, la camioneta impactó contra un taxi que, tras el choque, abandonó el lugar.

El enfrentamiento y el cierre de la vía obligaron a suspender el tránsito en sentido occidente–oriente por más de dos horas, generando congestión y afectaciones a residentes y comerciantes de la zona.

El balance preliminar dejó dos hombres capturados y una tercera persona muerta durante el procedimiento policial. Además, las autoridades confirmaron que otros dos sujetos que presuntamente viajaban en el vehículo lograron escapar pese al cerco desplegado.

Este punto, según fuentes judiciales, es uno de los frentes abiertos de la investigación, ya que se analizan cámaras de seguridad y testimonios para establecer rutas de huida y posibles apoyos externos.

Fuentes policiales señalaron que el automotor será sometido a inspecciones técnicas y forenses para determinar si ha sido utilizado en otros hechos delictivos. No se descarta que esté vinculado a investigaciones por hurto, transporte de armas o participación en robos bajo la modalidad de atraco, una línea que será evaluada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió el caso y avanza en la judicialización por delitos como tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno, entre otros.