Ungrd entregó obras por más de $62.000 millones para reducir el riesgo de derrumbes e inundaciones en cinco municipios de Antioquia

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) oficializó la entrega de un paquete de obras de mitigación en cinco municipios del departamento de Antioquia, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de miles de habitantes ante lluvias extremas.

El conjunto de proyectos, ejecutado en articulación con autoridades locales, supera los $62.000 millones y prioriza zonas críticas afectadas por movimientos en masa, inundaciones y socavación.

Según la entidad, las intervenciones —que incluyen estabilización de taludes, muros de contención, drenajes y estructuras hidráulicas— benefician a más de 350.000 personas en distintos puntos de Antioquia.

En Jericó, uno de los municipios más golpeados por eventos pasados, se destinaron $17.138 millones para estabilizar los sectores Los Aguacates y La Comba. Las obras contemplaron anclajes, subdrenes y canales pluviales para controlar el flujo de agua y evitar deslizamientos.

El alcalde Sebastián Garcés recordó que estas acciones responden a la avenida torrencial de 2019, que dejó en evidencia la fragilidad de la ladera intervenida. De acuerdo con cálculos oficiales, la infraestructura protege a más de 6.300 habitantes.

En Itagüí, la inversión más alta —$18.664 millones— se destinó a la construcción de canales en quebradas, obras hidráulicas y un puente peatonal. Este proyecto ya está en funcionamiento y reduce el riesgo de emergencias por desbordamientos y erosión para cerca de 317.000 personas, una de las coberturas más amplias dentro del plan.

Otro frente de intervención se desarrolló en Donmatías, donde más de 300 metros de quebrada fueron intervenidos con muros de contención y obras de control de socavación. Allí se invirtieron $10.101 millones, con impacto directo en más de 22.000 residentes.

En la subregión norte, Belmira recibió $12.642 millones para la construcción de 1.016 metros de muros de concreto reforzado a lo largo del río Chico, junto con sistemas de drenaje. Las obras buscan contener crecientes súbitas y estabilizar el terreno, beneficiando a cerca de 6.700 habitantes.

Por su parte, en Girardota, específicamente en la vereda Mangarriba, se ejecutaron trabajos de estabilización de taludes por $2.873 millones, mediante pilotes, geodrenes y manejo de aguas. Según la Ungrd, estas acciones protegen a unas 900 personas frente a posibles deslizamientos.

Las obras se producen tras una temporada de lluvias especialmente intensa entre enero y abril de 2026, que obligó a declarar la calamidad pública en 13 municipios del departamento.

En ese periodo, los eventos climáticos causaron afectaciones estructurales, pérdida de cultivos y daños en vías, lo que activó una respuesta institucional de gran escala.

De acuerdo con Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, durante la fase inicial de la emergencia se entregaron 22.909 ayudas humanitarias a las comunidades afectadas.

Paralelamente, la Secretaría de Infraestructura Física destinó cerca de $16.000 millones para garantizar la transitabilidad en vías secundarias, clave para el abastecimiento y la movilidad regional.

Actualmente, la Gobernación de Antioquia y la Ungrd avanzan en la segunda etapa del Plan de Acción Específico para la Recuperación (Paer), una hoja de ruta que busca consolidar la rehabilitación tras el frente frío que alcanzó su pico en febrero. El proceso es liderado por el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, en coordinación con las autoridades departamentales.

El Paer contempla una inversión total de $72.000 millones, de los cuales $51.000 millones ya están comprometidos en proyectos de infraestructura vial, recuperación de sistemas hídricos y entrega de kits productivos.

Entre las acciones más relevantes se encuentra la instalación de bases para dos puentes militares sobre los ríos Mulatos y San Juan, en la subregión de Urabá, donde las crecientes destruyeron estructuras clave para la conectividad.

Las autoridades proyectan una fase de recuperación temprana con una duración de hasta dos años, que abarcará mejoramiento de viviendas, reasentamiento de familias en riesgo y nuevas intervenciones en infraestructura vial e hídrica.

Tanto la Ungrd como el Dagran han señalado que el acompañamiento institucional se mantendrá hasta restablecer las condiciones sociales y económicas en los municipios impactados.