Archivo de la reforma tributaria obligará a Gustavo Petro a recortar el presupuesto: “El Gobierno fabrica la emergencia”

El Congreso de la República de Colombia archivó el proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, una iniciativa que pretendía recaudar $16,3 billones (en principio buscaba $26,3 billones) para financiar para del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. La decisión, adoptada por la Comisión Cuarta del Senado con nueve votos en contra y cuatro a favor, representa un revés para el Ejecutivo y deja en entredicho la sostenibilidad fiscal y las alternativas para cubrir el déficit presupuestal.

Según el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta, el resultado fue “una victoria para la responsabilidad fiscal y para el bolsillo de los ciudadanos”. Afirmó que la propuesta del Gobierno “imponía una carga excesiva para los colombianos” y reiteró el compromiso del Congreso con la austeridad y el control del gasto público.

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Cabrales insistió en que la iniciativa no representaba un ajuste real para el país y advirtió que habría castigado la inversión, la competitividad y el acceso al crédito. “Colombia necesita mayor austeridad, un control riguroso del gasto burocrático y una lucha frontal contra la evasión y la informalidad, en lugar de cargar aún más a los contribuyentes”, sostuvo el senador, que también remarcó la importancia de construir cualquier reforma “de la mano de los sectores productivos”.

Por supuesto, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación y lamentó que la población con menos recursos económicos de Colombia se verá seriamente afectada y que las consecuencias de la decisión tomada por las comisiones económicas no tardarán en verse reflejadas en la realidad del país.

“Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”, indicó.

Estabilidad fiscal y gasto público

El rechazo de la también denominada ley de financiamiento se produjo en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la viabilidad de las cuentas públicas. Tras confirmarse la decisión, varios expertos reaccionaron y dieron su opinión al respecto.

Por ejemplo, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, por medio de X, anotó que “esos $16,3 billones representan menos del 3% del Presupuesto General de la Nación, que asciende a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.

Mejía insistió en que la magnitud del ajuste requerido es manejable y que el Gobierno deberá recurrir a recortes presupuestales, como ya ocurrió tras la no aprobación de la ley de financiamiento de 2024.

Mala planificación fiscal y presupuestal

A su vez, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, apuntó que el desenlace era previsible. Según él, “el Gobierno sabía de antemano que tenía una mala planificación fiscal y presupuestal. El Gobierno conocía que este presupuesto era desbordado, que no había capacidad del país para financiarlo”.

Restrepo enfatizó en la necesidad de recortar el gasto público y de evitar la declaración de una emergencia económica: “No tendría ningún sentido una burda utilización de un instrumento constitucional como la emergencia económica, donde el Gobierno fabrica la emergencia y después la decreta. Eso no tiene ningún sentido”.

Insistió en que el único camino posible es “recortar el exceso de gasto de funcionamiento y de derroche en gasto de funcionamiento y en inversiones mal focalizadas que hoy tiene el presupuesto nacional”.

De paso, el exfuncionario recomendó al Gobierno “recortar el gasto de funcionamiento, de burocracia estatal y de inversiones mal focalizadas”, así como generar confianza entre los inversionistas internacionales para reducir el costo del financiamiento público. Y advirtió que no es válido argumentar que un recorte del 3% del presupuesto nacional sea inviable.

Rompimiento de relaciones entre el Congreso y el Gobierno Petro

El exsubdirector de Fiscalización de la Dian Christian Quiñonez, y socio fundador de Clavertax Assestment, atribuyó el fracaso de la reforma a la coyuntura política. Para él, “es evidente que la reforma tributaria o ley de financiamiento del Gobierno se cae porque no es un año para tramitar este tipo de reformas”.

Señaló que la relación entre el Congreso de la República y el Gobierno está marcada por el rompimiento de relaciones y que “era evidente que la reforma tributaria no iba a pasar, y menos en un año electoral”.

Asimismo, sugirió que el Gobierno debe replantear el presupuesto de 2026 y esperar el trámite de la ley de reactivación económica que se discute en el Congreso, que contempla mecanismos como amnistías y normalización tributaria para aumentar el recaudo.

Problema fiscal persiste

El rechazo de la reforma tributaria deja al Gobierno ante el reto de cubrir el déficit fiscal proyectado para los próximos años. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, advirtió que “el problema fiscal persiste, como lo refleja el hecho de que el déficit primario sería $11 billones más alto que lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.

Según él, para 2025 se prevé un déficit fiscal de 6,2% del PIB, mientras que para 2026 se anticipa un déficit primario cercano al 3% del PIB, lo que podría traducirse en un déficit fiscal de 7% si no se mantiene la reducción transitoria del servicio de la deuda.

López explicó que las operaciones de manejo de deuda permitieron reducir el pago de intereses, pero también generaron un espacio fiscal que el Gobierno utilizó para aumentar el gasto en 0,5% del PIB. “El Gobierno ha presentado una ley de financiamiento que consideramos inconveniente, ya que incluye varios elementos que afectan la inversión, el ahorro y por ende el crecimiento económico y van en contravía del recaudo tributario en el largo plazo”, afirmó el experto.

De igual forma, recomendó una reducción adicional en el presupuesto para el próximo año, en lugar de insistir en una reforma tributaria que, según su análisis, podría afectar negativamente la inversión y el crecimiento económico.