El debilitamiento de las unidades Gaula de la Policía y el Ejército ha generado alarma entre los organismos de seguridad, tras la decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de reducir drásticamente el número de fiscales especializados en la lucha contra el secuestro y la extorsión.
Según fuentes de la Fuerza Pública citadas por Semana, la resolución firmada por la jefa del ente acusador ha provocado que el número de fiscales especializados pase de 120 a solo cuarenta, lo que representa un retroceso significativo en la capacidad de respuesta frente a estos delitos.
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La medida adoptada por la Fiscalía consiste en retirar a los fiscales especializados de las unidades Gaula y transferir la mayoría de los nuevos procesos a fiscales de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que no cuentan con la misma formación ni experiencia en la investigación de secuestros y extorsiones.
De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio citado, esta reestructuración ha comenzado a tener consecuencias graves en el desarrollo de las investigaciones en curso y en la atención de los casos más recientes.
El impacto de esta decisión se refleja en el aumento de los delitos. Las fuentes de la Fuerza Pública informaron que en 2025 los casos de secuestro se incrementaron en un 125 % respecto a 2024.
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Además, en lo que va del año se han registrado más de diez mil casos de extorsión, una cifra que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de contar con equipos especializados para enfrentarlo.
Según las mismas fuentes, el 70% de los casos de extorsión son perpetrados por delincuencia común, lo que implica que, al quedar en manos de fiscales no especializados, las investigaciones de fondo se verán obstaculizadas y la respuesta institucional será menos efectiva.
Esta situación beneficia únicamente a las organizaciones criminales, que encuentran un escenario más favorable para operar ante la disminución de la capacidad investigativa del Estado.
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Uno de los episodios que ilustra las consecuencias de esta crisis es el caso del cabo Jersey Alexander Quintero, que fue secuestrado y asesinado en Bogotá el 8 de noviembre, mientras intentaba comprar un vehículo.
Un investigador que participó en el caso relató al medio citado: “Buscamos que un fiscal recibiera la denuncia para adelantar los actos urgentes y rescatar al cabo, pero no fue posible; días después lo torturaron y asesinaron”.
El cabo Quintero, que había ahorrado $10 millones para adquirir el automóvil y se encontraba en curso de ascenso, acudió a la cita con los supuestos vendedores en el sur de la ciudad. Los responsables resultaron ser integrantes del Tren de Aragua, quienes lo secuestraron, torturaron y asesinaron, abandonando su cuerpo en un paraje del municipio de Soacha.
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El caso expuso graves deficiencias en la implementación de la medida, que, según fiscales e investigadores, provocando un “caos” en la atención de delitos como el secuestro y la extorsión.
La crisis generada por la decisión de la fiscal general, según las fuentes de la Fuerza Pública consultadas, ya está teniendo repercusiones directas en la capacidad de las autoridades para investigar y combatir el secuestro y la extorsión, delitos que afectan de manera creciente a la sociedad colombiana.
Aumentan secuestros y extorsiones tras cambios en la Fiscalía
La resolución 0298 de 2025 establece que sólo los fiscales especializados atenderán casos vinculados a grupos armados organizados (GAO) o de delincuencia organizada (GDO), mientras que el resto de denuncias, que representan cerca del 90% de los casos según funcionarios, serán remitidas a las seccionales.
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En estas, cada fiscal enfrenta en promedio 1.000 expedientes, y son pocos los expertos en extorsión y secuestro. “No es igual que un fiscal de hurtos asuma y resuelva un caso de extorsión”, advirtieron las fuentes.
El impacto de la reestructuración se refleja en el aumento de los delitos: los casos de secuestro pasaron de 313 en 2024 a 527 en lo corrido de este año. Una carta de Asonal dirigida a la fiscal Camargo alertó que “el delito de extorsión es el de mayor crecimiento a nivel nacional y el secuestro va en aumento”, y cuestionó quién impulsará las investigaciones y el trabajo conjunto con la Naval, el Ejército, el CTI y la Policía.
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La Fiscalía argumentó que la reestructuración busca optimizar la investigación, evitando duplicidad de procesos y asignando los casos de mayor complejidad a los fiscales especializados. Además, reconoció la falla en el caso del cabo Quintero y aseguró que se han implementado turnos de disponibilidad para atender actos urgentes en secuestros y extorsiones.
La resolución sigue vigente, mientras persisten las críticas internas sobre su efectividad y el riesgo de impunidad en delitos de alto impacto.
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