Polémica por video viral de una mujer revendiendo pasajes en el sistema Transmilenio: la empresa se pronunció

La reciente difusión de un video captado en la estación de San Victorino, en Bogotá, expuso un esquema de acceso irregular en el sistema de transporte Transmilenio.

Las imágenes muestran cómo algunos usuarios optan por un pago alternativo para ingresar al sistema sin dar el monto completo exigido, aprovechando la puerta designada para personas con discapacidad y el uso indebido de una tarjeta especial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video viral, ubicado en la estación de San Victorino, una mujer vestida con un saco azul, recibe dinero de quienes buscan evadir la tarifa habitual, aparentemente utilizando una tarjeta con subsidio, la mujer facilita la entrada por la puerta de silla de ruedas, destinada exclusivamente para pasajeros con movilidad reducida.

Así, permite que otros sujetos accedan al sistema por un monto reducido de $2.000, lo que representa un ahorro de $1.200 frente al valor del pasaje oficial.

Este comportamiento se ha tornado recurrente, según relatos de usuarios y la misma observación de la comunidad, que ubica a la involucrada en el centro de Bogotá realizando la maniobra de manera habitual.

La reacción del público no se hizo esperar en redes sociales. La indignación por el bajo nivel de vigilancia se mezcló con la discusión sobre el costo del pasaje, calificado como excesivo por algunos usuarios.

Mientras un sector condena el fraude a los subsidios y la vulneración de las normas del sistema, otros justifican la conducta argumentando la dificultad de costear la movilidad diaria bajo las cifras actuales. Esta dualidad de percepciones alimentó un agitado intercambio de opiniones digitales, donde la ética y la economía chocaron abiertamente.

El procedimiento que evidencia el video supone una utilización indebida de las tarjetas con subsidio, diseñadas para apoyar a personas en condiciones de discapacidad.

Estos beneficios tienen como fin garantizar la inclusión y autonomía de quienes enfrentan barreras de movilidad. Su desvío, además de reducir recursos disponibles para los legítimos beneficiarios, se considera una violación tanto normativa como moral dentro del sistema.

Frente a la controversia TransMilenio dejó claro su rechazo a cualquier forma de entrada irregular, recordando que la intervención de las autoridades es inmediata ante la detección de usuarios que vulneren los protocolos de acceso.

Y recordaron que toda persona que ingrese fraudulentamente será retirada de las instalaciones en los controles periódicos ya que “es una práctica ilegal”. Así, se subraya la existencia de operativos de verificación y retiro, parte de la estrategia para proteger la legalidad y viabilidad del sistema.

El revuelo en redes fue tanto que hoy 26 de noviembre, una cuadrilla de funcionarios, apoyados por gestores de convivencia, acudió a San Victorino para desplegar una acción pedagógica.

Bajo el lema “revender no es emprender”, el equipo explicó a los usuarios los impactos negativos del fraude tanto para el sostenimiento económico del sistema como para su integridad en materia de seguridad.

La campaña incluyó la entrega de volantes informativos, la revisión de tarjetas de viaje y recomendaciones para personalizarlas, permitiendo así acceder a beneficios legales como los trasbordos gratuitos.

La responsabilidad frente a los pagos dentro del sistema recae en Recaudo Bogotá, empresa encargada de la gestión financiera de TransMilenio.

En su plataforma digital, la firma detalla las consecuencias legales para quienes participan en este tipo de maniobras: desde el fraude a subsidios, por el uso o entrega de estos a personas no autorizadas, hasta la estafa agravada y el concierto para delinquir. Según indica, la Ley 1801 de 2016 que contempla una sanción económica de aproximadamente $600.000 a quienes incurran en estas infracciones.

Por ahora las autoridades recomiendan que cada pasajeros tenga su tarjeta y hacen operativos de control en las estaciones y portales tratando de identificar a los infractores para iniciar el proceso de judicialización correspondiente.