Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, implicada en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, fue judicializada por planear otro atentado con una bomba en Bogotá

La investigación sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha revelado nuevas conexiones con otros planes criminales en la capital colombiana.

Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, actualmente privada de la libertad por su presunta participación en el magnicidio ocurrido el 7 de junio en el occidente de Bogotá, habría estado involucrada en la planeación de un atentado terrorista que no llegó a ejecutarse en la localidad de Teusaquillo.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Martínez Martínez habría coordinado acciones con otras personas para llevar a cabo un ataque con explosivos el 3 de junio en el centro de la ciudad.

Según los elementos materiales probatorios recabados, la acusada asumió la logística criminal, realizó labores de vigilancia en el sector seleccionado, recibió una bomba tipo lapa junto con su detonador, y la entregó a un menor de edad, quien tenía la misión de instalar el artefacto explosivo.

La intervención oportuna de la Policía Nacional en la vía pública impidió que el menor cumpliera con la entrega del explosivo, frustrando así el atentado antes de que pudiera materializarse.

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Katherine Andrea Martínez el delito de terrorismo, cargo que la procesada no aceptó.

Actualmente permanece vinculada al proceso y recluida en un centro carcelario, en el marco de la investigación por su participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Alias el Costeño, del caso Uribe Turbay, condenado por matar a un mexicano

Alias el Costeño, cuyo nombre real es Élder José Arteaga Hernández, conocido también como Chipi, ya contaba con un historial delictivo antes de ser señalado por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Su prontuario, conocido por la Fiscalía, incluía participación en organizaciones criminales y homicidios previos, lo que plantea dudas sobre si una intervención judicial más temprana podría haber prevenido el magnicidio del político del Centro Democrático.

Entre los antecedentes más relevantes de Arteaga Hernández se encuentra el homicidio de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en Medellín.

La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en su establecimiento comercial. La Fiscalía determinó que Arteaga Hernández no actuó solo y que David Acosta Díaz también participó como coautor del crimen.

La investigación reveló que ambos se trasladaron desde Bogotá hasta Medellín un día antes del homicidio para coordinar los preparativos de la acción sicarial, que terminó con la víctima recibiendo ocho disparos.

Por estos hechos, tanto Arteaga Hernández como Acosta Díaz fueron acusados de homicidio y de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, con agravantes. La Fiscalía busca que estas acusaciones se sumen a las que ya enfrenta Arteaga Hernández por el asesinato de Uribe Turbay.

El avance de las investigaciones sobre el homicidio del ciudadano mexicano se vio favorecido por la información obtenida del teléfono móvil de uno de los capturados, que permitió reconstruir la planeación del atentado y las reacciones de los implicados tras el crimen.

Actualmente, Arteaga Hernández permanece privado de la libertad por su presunta participación en el magnicidio de Uribe Turbay, mientras que Acosta Díaz se encuentra recluido en la cárcel de Acacías, Meta, debido a otro proceso judicial en su contra.

En cuanto al homicidio del ciudadano mexicano, la justicia ya dictó sentencia para otros implicados: Antonio Rafael Herrera Escobar recibió veinticinco años de prisión mediante preacuerdo, mientras que Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón fueron condenados a dieciocho años cada uno.

La historia criminal de alias el Costeño, marcada por estos homicidios previos, muestra su trayectoria delictiva ya estaba en el radar de las autoridades antes de convertirse en uno de los principales señalados por el magnicidio del senador Uribe Turbay, destacando la complejidad de su involucramiento en redes de sicariato y delitos violentos en varias ciudades del país.