
Las protestas en Bogotá no solo se han vuelto una constante en las calles, sino también un desafío diario para la movilidad, el comercio y la tranquilidad de los ciudadanos. Según datos de la Secretaría de Gobierno, entre el 1 de enero y el 16 de octubre de 2025 se han registrado 1.485 movilizaciones, lo que representa un aumento del 17% frente al mismo periodo de 2024.
De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, la mayoría de las manifestaciones, siete de cada diez, están motivadas por reclamos o respaldos a la agenda del Gobierno Nacional, mientras que una menor proporción responde a temas de orden distrital.
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Además, dos de cada cinco incluyen la toma de entidades públicas o privadas, como sucedió con el Centro Comercial San Martín, donde funciona el Ministerio de Agricultura, y más recientemente con las sedes de los ministerios del Interior y Vivienda, la Agencia de Tierras y la Unidad para las Víctimas.
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Protestas con alto impacto y episodios violentos
Uno de los hechos más recientes fue la toma del campus de la Universidad Nacional por parte del Congreso de los Pueblos, que ingresó con más de 2.300 personas, 26 cocinas e insumos médicos, controlando e identificando a miembros de la comunidad educativa. Días después, manifestantes protagonizaron disturbios frente a la Embajada de Estados Unidos, donde cuatro policías fueron heridos por ataques con flechas.
A pesar de la gravedad de algunos casos, Quintero asegura que el 95% de las manifestaciones se resuelven mediante el diálogo, sin necesidad de intervención policial. Solo el 5 % termina en disturbios o daños al espacio público.
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“Actuamos con un PMU. Nos toca actuar ajustados a la norma, que es inflexible; pero equilibrando el derecho a la protesta con el derecho a la ciudad que tienen los bogotanos”, señaló el funcionario, quien rechazó los bloqueos y aclaró que la mayoría son intermitentes y de corta duración.
TransMilenio: el sistema más afectado
El transporte público masivo ha sido uno de los sectores más golpeados por el aumento de las movilizaciones. Mientras en 2024 se registraron 527 eventos que afectaron el sistema, en 2025 ya van 890, lo que equivale a tres bloqueos diarios en promedio.
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Según datos de TransMilenio S.A., 14.567.428 personas se han visto afectadas directamente por bloqueos y disturbios, y el sistema ha dejado de recibir 12.638 millones de pesos por validaciones no realizadas. Además, 53 buses zonales y articulados han sido vandalizados en lo corrido del año.
Un ejemplo reciente fue el bloqueo en el Portal 20 de Julio, donde encapuchados promovieron el ingreso masivo sin pagar, afectando a 60.000 usuarios en solo 30 minutos. En las horas pico, un bloqueo en vías principales como la calle 26 puede afectar a hasta 700.000 personas, con una duración promedio de cinco horas.
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El experto en movilidad Darío Hidalgo, de la Universidad Javeriana, estima según información de El Tiempo, que cada minuto de retraso en TransMilenio genera una pérdida de 26,4 millones de pesos, al considerar los tiempos de los usuarios y el impacto económico acumulado.
“Bloquear o vandalizar TransMilenio afecta directamente a los ciudadanos de ingresos bajos y medios, los que más dependen del sistema para trabajar o estudiar”, advirtió.
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Pérdidas millonarias para el comercio
Las consecuencias de las protestas no se limitan al transporte. El comercio formal e informal de la capital también ha sufrido graves afectaciones. Según Fenalco Bogotá Cundinamarca, el 70% de las citas de trabajo, reuniones o negocios se cancelan ante el anuncio de una manifestación, incluso si esta no llega a realizarse.
El presidente del gremio, Juan Esteban Orrego, advierte que las marchas “se han vuelto demasiado recurrentes” y generan pérdidas millonarias que los pequeños comerciantes no logran recuperar.
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“Muchos trabajadores informales viven del día y cuando hay protestas no logran ni para la comida, mientras las empresas deben cerrar o reducir su operación”, explicó.

La reducción de clientes, el cierre preventivo de locales y la caída de ventas afectan especialmente al centro y a zonas comerciales como la Séptima, la Caracas y la 26, donde suelen concentrarse los bloqueos. Además, los costos asociados a la limpieza, el vandalismo y la pérdida de inventario aumentan la carga económica sobre los negocios.
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