Un ataque armado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche Arteaga en Bogotá abrió distintas líneas de investigación sobre los motivos detrás del atentado. La Fiscalía y la Policía Nacional evalúan escenarios diversos después de que ambos defensores de derechos humanos fueran heridos a plena luz del día en el barrio Cedritos.
Una de las hipótesis principales, según fuentes citadas por El Tiempo, sostiene que el ataque buscó intimidar a los activistas y enviar una advertencia para silenciar su labor en Colombia. Los investigadores también consideran que podría tratarse de una estrategia violenta para obligar el exilio forzado, presionando a las víctimas para abandonar el territorio nacional.
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El origen de estas conjeturas reside en varios indicios. En el carro abandonado en Suba, donde se desplazaron los atacantes, las autoridades hallaron armas traumáticas modificadas, no armas de fuego convencionales. De acuerdo con testimonios recogidos por El Tiempo, esto sugiere que el objetivo no era ejecutar un asesinato sino “dejar un mensaje” contundente. “El caso no corresponde al patrón habitual de sicariato”, detalló una fuente vinculada a la investigación.
Cercanía entre atacantes y víctimas: foco de alerta
Los investigadores descubrieron que los presuntos responsables del atentado vivían en el mismo edificio que las víctimas, ocupando el apartamento 204, mientras que los agredidos residían en el 504. El medio informó que esta proximidad facilitó la planificación y el seguimiento previo a los activistas, lo que abrió nuevas preguntas sobre la vulnerabilidad del entorno residencial de los afectados y la posibilidad de vigilancia prolongada.
Además, cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que dos hombres descendieron del vehículo, abrieron fuego contra los activistas y luego se dieron a la fuga. El procedimiento fue rápido, calculado y, de acuerdo con la cronología policial, no superó los quince segundos.
Contexto: detalles del ataque en el norte de Bogotá
El lunes al mediodía, Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, y Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, sufrieron disparos en la carrera 19A con 134A. Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde permanecen fuera de peligro. Velásquez requirió cirugía tras recibir impactos en el abdomen, mientras que Peche fue alcanzado en las extremidades inferiores.
Los testigos reportaron entre 15 y 20 detonaciones. Un plan candado permitió localizar el automóvil utilizado en la localidad de Suba. “El vehículo que habría participado en los hechos salió del mismo inmueble minutos antes del hecho”, confirmó el coronel Ricardo Chaves, comandante de la Policía de Usaquén.
Reacción oficial e inquietudes internacionales
La Defensoría del Pueblo informó que Velásquez había solicitado acompañamiento durante su proceso de protección internacional tras huir de Venezuela. El organismo pidió a la Fiscalía una investigación exhaustiva y ratificó el compromiso de respaldar a migrantes y refugiados en Colombia.
El presidente Gustavo Petro anunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio del Interior, reforzará los esquemas de seguridad destinados a activistas de derechos humanos extranjeros. “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años”, publicó en X.
A la condena institucional se sumaron organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Colombia, que exigieron fortalecer las garantías para quienes defienden derechos fundamentales. “El movimiento de derechos humanos colombiano y personas defensoras venezolanas exiliadas han denunciado reiteradamente la grave situación de riesgo”, advirtió Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Respuesta de los activistas y críticas a la protección estatal
Después del ataque, Luis Alejandro Peche se pronunció en sus redes sociales: “Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”. Agregó que se encuentra fuera de peligro y agradeció el respaldo recibido.
Líderes opositores como María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reclamaron garantías de protección para los exiliados venezolanos y denunciaron la falta de coordinación entre instancias como Migración Colombia y los centros integrales de atención.
El hecho reavivó las dudas respecto a los vacíos en el sistema estatal de protección. Organizaciones y defensores urgieron al Gobierno colombiano a revisar los protocolos y fortalecer la cobertura institucional para quienes se encuentran en situación de refugio y desplazamiento.
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