Dapre se pronunció sobre la polémica por contratista Juan Camilo Villalobos en protestas pro Palestina frente a la Andi: esto dijo

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública con el fin de aclarar la relación contractual que mantiene con el ciudadano Juan Camilo Villalobos, luego de que su nombre apareciera mencionado en redes sociales y medios de comunicación a raíz de los hechos ocurridos durante las protestas del 1 y 2 de octubre en Bogotá, en apoyo a Palestina.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el señor Villalobos presta sus servicios como contratista en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Según la entidad, sus labores corresponden a funciones técnicas y profesionales específicas, sin relación alguna con los eventos reportados durante las manifestaciones.

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“De manera independiente, el ciudadano desarrolla actividades como activista y defensor de derechos humanos, e integra la delegación colombiana en tierra de la Flotilla Global Sumud, iniciativa de carácter humanitario que busca llevar ayuda al pueblo palestino”, se lee en el documento publicado por el Dapre.

El comunicado surge tras las declaraciones del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, que aseguró el 2 de octubre en su cuenta de X que Juan Camilo Villalobos participó en los disturbios ocurridos en la capital.

En su mensaje, el concejal afirmó: “Juan Camilo Villalobos, una de las personas que convocó el hostigamiento contra la ANDI ayer en Bogotá, es contratista de la Presidencia de la República. Aun así, amigos del gobierno anti empresa dicen que lo de ayer fue una ‘acción espontánea del movimiento social’ (sic)”.

Briceño expuso con precisión que en el sistema de contratación pública Secop II aparece registrado el contrato entre Juan Camilo Villalobos y el Dapre, y manifestó su rechazo frente a las presuntas actuaciones del aactivista.

Ante estas afirmaciones, el Dapre aclaró que las actividades personales del contratista son completamente ajenas a sus funciones dentro de la entidad. También explicó que su participación en iniciativas de tipo humanitario no interfiere con el cumplimiento de sus responsabilidades contractuales.

Cabe destacar que, las protestas contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) surgieron tras acusaciones de colectivos sociales que señalan al gremio por presuntos vínculos con la misión económica de Israel, en medio de la detención de una flotilla humanitaria con participación de ciudadanas colombianas.

Dapre respondió a acusaciones con disposición institucional

La entidad fue enfática al indicar que no mantiene ningún vínculo con los hechos mencionados en redes sociales ni con actos que contravengan el orden público.

En relación con los señalamientos, el departamento que dirige Angie Rodríguez expresó su rechazo a toda forma de violencia y reiteró su respaldo a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución: “El Dapre no tiene relación alguna con los hechos o actos difundidos en redes sociales, y rechaza cualquier forma de violencia o conducta contraria al orden público o al respeto por la vida”.

Además, la entidad reconoció el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de pensamiento, expresión y manifestación pacífica, siempre que se ejerzan dentro de los límites legales.

En palabras del comunicado oficial: “El Dapre reconoce y respalda el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales a la libertad de pensamiento, expresión y manifestación pacífica, incluido el derecho a la protesta, siempre que se ejerza dentro del marco de la ley y con respeto por los principios democráticos y la convivencia ciudadana”.

La entidad reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades correspondientes en caso de que se requiera información sobre la ejecución del contrato del señor Villalobos.

El comunicado concluyó con una reafirmación institucional sobre los principios que rigen la actuación de la Presidencia de la República: “El Dapre reafirma su compromiso con la institucionalidad, la legalidad, la transparencia y, de manera especial, con la defensa y protección de los derechos humanos, principios que orientan el actuar de la administración pública y de sus colaboradores”.