La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó su informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz, correspondiente al periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025.
En el documento, el secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró la necesidad de acelerar las garantías de seguridad en el marco del proceso electoral y destacó como hitos la reforma rural y las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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En su pronunciamiento, Guterres subrayó que los avances alcanzados en los últimos años deben consolidarse con el apoyo de la comunidad internacional y con acciones estatales que refuercen la presencia institucional en las regiones más afectadas por la violencia. “Las medidas esbozadas a lo largo del acuerdo tienen por objeto beneficiar a amplios sectores de la población a medida que contribuyen a una paz duradera”, afirmó el secretario general.
Seguridad y elecciones en el centro del informe
El informe señaló la urgencia de garantizar condiciones seguras para el ejercicio democrático, en particular tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. “Garantizar la seguridad adecuada para el desarrollo seguro de las próximas elecciones en todo el país es fundamental para la democracia colombiana”, enfatizó Guterres, quien añadió que esto permitirá ampliar la participación en zonas históricamente golpeadas por el conflicto y asegurar las garantías jurídicas para la oposición política.
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Durante el período analizado, la Misión de Verificación documentó diez asesinatos y dos intentos de homicidio contra excombatientes, además de la desaparición de una persona. En total, desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se han verificado 481 asesinatos de excombatientes, incluidos 63 indígenas, 58 afrocolombianos y 11 mujeres. También se han registrado 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó sobre 48 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos entre junio y septiembre, con víctimas que incluyen a 7 mujeres, 2 mujeres transgénero, 8 indígenas y 4 afrocolombianos.
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Justicia transicional y reincorporación de excombatientes
El secretario general destacó las primeras sentencias restaurativas de la JEP como un paso clave en la implementación del acuerdo. “A través de este mecanismo innovador, las partes se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos durante décadas de conflicto y reparación para las víctimas”, expresó.
Guterres insistió en que las sanciones propias deben traducirse en acciones restaurativas que beneficien directamente a las víctimas. En ese contexto, pidió al Estado asegurar los recursos y las condiciones de seguridad necesarias para que las personas sancionadas cumplan con sus compromisos. “Ahora es fundamental mantener el impulso y evitar retrasos indebidos”, puntualizó.
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El informe también resaltó que más de 11.000 excombatientes siguen activos en su proceso de reincorporación. El marco institucional diseñado para esta etapa debe, según la ONU, enfocarse ahora en la ejecución efectiva sobre el terreno. “Al proporcionar oportunidades para lograr medios de vida dignos, los esfuerzos de reincorporación liderados por el Estado desempeñan un papel fundamental para romper el círculo vicioso del conflicto armado”, señaló Guterres.
Reforma rural, género y comunidades étnicas
El documento reconoció los avances en la adjudicación y formalización de tierras, que ya representan el 9% de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas y cerca de la mitad de los siete millones previstos para formalización. Según Guterres, estos logros constituyen un paso clave para el desarrollo del campo y la reducción de la pobreza rural. “Hago un llamado al Gobierno a acelerar la implementación de los proyectos PDET y de los planes nacionales para la reforma rural”, agregó.
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En cuanto a las disposiciones de género, se reportó la creación de subcomités en más de 20 comités de reforma agraria en cuatro departamentos. Sin embargo, el informe reconoce que aún existen limitaciones para medir el impacto de estas medidas.
El Capítulo Étnico también registró progresos durante el período, con acuerdos en el Congreso para fortalecer acciones en acceso a la tierra, programas de desarrollo territorial y reincorporación de excombatientes de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Persistencia de la violencia y llamado internacional
El informe evidenció que 8.700 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y 41.800 sufrieron confinamientos entre junio y septiembre, en 30 municipios de diez departamentos, con mayor impacto en Chocó, Cauca, Bolívar, Guaviare y Valle del Cauca.
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Frente a estas cifras, Guterres instó a los grupos armados a cesar los ataques contra la población civil. “Insto a los actores armados ilegales a que demuestren de manera inequívoca, mediante acciones concretas, su respeto por la vida y la dignidad de la población civil”, señaló.
El secretario general recordó además que el proceso de paz en Colombia es observado a nivel global como un referente en construcción de paz. “El camino hacia la paz en Colombia ha sido moldeado no solo por la determinación de su pueblo, sino también por el apoyo inquebrantable de la comunidad internacional”, sostuvo.
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El informe será presentado el 3 de octubre en Nueva York por Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación en Colombia.
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