
El proceso judicial contra el exsenador liberal Julián Bedoya Pulgarín registró nuevos movimientos luego de que se conociera la programación de la audiencia preparatoria de juicio oral y la decisión de la Fiscalía General de la Nación de remover al fiscal que llevaba el caso, en medio de advertencias sobre un posible riesgo de prescripción de la acción penal.
La decisión se conoció días después de que la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunciara públicamente una posible prescripción del caso relacionado con el presunto falso título de abogado de Bedoya. Según la congresista, las demoras en el trámite judicial podrían afectar el avance del expediente.
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De acuerdo con una comunicación emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento programó la diligencia de audiencia preparatoria para el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 9:00 a. m, dentro de la actuación seguida contra Julián Bedoya Pulgarín por el delito de falsedad en documento privado.
El documento fue dirigido a la Universidad de Medellín, reconocida como víctima dentro del proceso, estableciendo que la audiencia se realizará de manera virtual y solicita a las partes contactar al despacho judicial para solicitar el enlace de conexión correspondiente.
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Fiscalía asignó a una nueva delegada para el caso
En paralelo al avance procesal, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el fiscal Fernando Augusto Arias Velásquez fue removido del expediente y que el proceso pasará a ser dirigido por la fiscal Adriana Dioselina Arango Valencia, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción.
La decisión quedó consignada en la Resolución 0-0141 del 8 de mayo de 2026, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. El documento señala además que el proceso ya se encuentra en etapa de juicio y específicamente en audiencia preparatoria.
También recuerda que inicialmente el caso estuvo en la Corte Suprema de Justicia debido al fuero constitucional que ostentaba Bedoya como congresista. Sobre la modificación del despacho encargado, la Fiscalía indicó: “Si bien no se evidencian situaciones de negligencia atribuibles al fiscal actualmente a cargo, lo cierto es que el caso debe ser asumido por un fiscal con mayor disponibilidad de tiempo, para atender las actuaciones fijadas por la judicatura y evitar retrasos que puedan comprometer el avance del proceso”.
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La resolución ordenó además que el fiscal saliente entregue de manera inmediata todos los elementos materiales probatorios, evidencia física, archivos digitales y demás insumos relacionados con el proceso, con el fin de garantizar la continuidad de las diligencias programadas.

Consejo de Estado dejó en firme la suspensión del título de Bedoya
Las recientes decisiones se producen después de que el 5 de mayo el Consejo de Estado dejara en firme la suspensión provisional del título de abogado de Julián Bedoya, dentro del proceso administrativo por presuntas irregularidades en su reingreso a la Universidad de Medellín y en los trámites académicos realizados para obtener el grado en 2019.
Según explicó el alto tribunal, la demanda presentada por la Universidad de Medellín expuso posibles inconsistencias en el procedimiento mediante el cual Bedoya habría retomado sus estudios de Derecho tras varios años de inactividad académica. En la decisión, el Consejo de Estado indicó: “Se sostiene que dicho reingreso carece de validez porque no contó con la evaluación y autorización del Consejo de Facultad, instancia que debía pronunciarse al haber transcurrido más de cinco años desde el retiro del estudiante”.
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La Universidad de Medellín sostuvo además que Bedoya inició sus estudios de Derecho en 2001 y mantuvo su calidad de estudiante hasta mayo de 2007, cuando canceló su matrícula. Posteriormente, según la institución, realizó varios intentos de reingreso entre 2008 y 2014, algunos autorizados y otros no concretados.

De acuerdo con la universidad, en 2018 el entonces exsubsecretario general de la institución aprobó un nuevo reingreso de Bedoya sin contar con la autorización del Consejo de Facultad, órgano que, según la normativa interna, debía evaluar la solicitud debido al tiempo transcurrido desde la pérdida de la calidad de estudiante.
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Por estos mismos hechos también avanza un proceso penal en el Tribunal Superior de Bogotá. En actuaciones recientes, la Universidad de Medellín advirtió sobre el riesgo de prescripción del delito de fraude procesal y solicitó acelerar el trámite judicial.
Tras conocerse la programación de la audiencia preparatoria y el cambio de fiscal, la representante Catherine Juvinao reaccionó en su cuenta de X y escribió: “¡Gracias a las autoridades! Tenemos la esperanza de que después de 7 años de esta denuncia, el país verá justicia. No más políticos corruptos burlándose de la educación y del esfuerzo de millones por salir adelante”.
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