La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión clave dentro del proceso disciplinario que enfrenta Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego.
El órgano de control disciplinario decidió formular un pliego de cargos en su contra, tras encontrar elementos que, según la entidad, permiten considerar un posible incremento patrimonial injustificado durante 2022, cuando se desempeñaba como diputado del Atlántico.
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La decisión del Ministerio Público se suma al expediente penal que ya lo señala por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La nueva determinación disciplinaria involucra también presuntos actos de corrupción, que habrían quedado registrados en las pruebas documentales y testimoniales que hoy reposan tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía General de la Nación.
Pliego de cargos contra Nicolás Petro: lo que dice la Procuraduría
La Procuraduría, en ejercicio de su función disciplinaria, evaluó en forma independiente los hechos y resolvió avanzar formalmente con un proceso que puede derivar en sanciones administrativas o disciplinarias.
El documento emitido por la entidad señala de forma explícita que: “(...) en su condición de Diputado del Departamento de Atlántico, para la época de los hechos, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión”.
La Procuraduría sostiene que existen fundamentos suficientes para avanzar con la formulación del pliego, paso esencial dentro del proceso disciplinario. A través de esta decisión, se busca establecer si Petro Burgos incurrió en alguna falta que comprometa el correcto ejercicio de sus funciones públicas, al presentar un aumento patrimonial que no tendría justificación clara a la luz de sus ingresos reportados como funcionario.
El Ministerio Públio afirmó que Petro Burgos habría obtenido un incremento patrimonial que no se corresponde con los ingresos reportados por su actividad como diputado. Según la entidad, este aumento de recursos no solo lo habría favorecido a él, sino a su entonces pareja Day Vásquez, que colabora con las autoridades entregando conversaciones, audios y detalles financieros sobre el movimiento del dinero.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, encargada de esta etapa del proceso, sostiene que los ingresos del exdiputado no tendrían origen en su trabajo dentro de la Asamblea Departamental. Las pruebas presentadas incluyen documentos notariales, registros bancarios y declaraciones de testigos que apuntan a que los recursos provinieron de fuentes externas, no declaradas, y con posible origen irregular.
De forma paralela, la Fiscalía también avanza en su línea de investigación, de acuerdo con el expediente, el 1 de octubre se encuentra agendada una diligencia de imputación de cargos en contra del hijo del jefe de Estado, esta vez por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias; pese a que la defensa pidió aplazamientos, la fiscal del caso mantiene su decisión de proceder ese día.
Ministerio Público cuestiona ingresos no declarados de Nicolás Petro
El proceso disciplinario continuará su curso ante el funcionario de juzgamiento correspondiente, que evaluará el mérito de las pruebas y determinará si existe responsabilidad del exdiputado en los hechos investigados. La Procuraduría también dejó constancia de que la defensa fue notificada según lo exige la ley, sin posibilidad de recurso alguno sobre esta decisión inicial.
“Notificar la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos (…) con advertencia de que en contra de la decisión contenida en el ordinal anterior no procede recurso alguno. Para tal efecto se entrega copia de este provisto mediante mensaje de datos al correo electrónico habilitado para notificaciones por parte de la defensa”, se lee.
Las evidencias en poder de las autoridades relatan con detalle cómo Nicolás Petro habría participado en el manejo irregular de importantes sumas de dinero. En varias conversaciones sostenidas con Day Vásquez, se expone la llegada de recursos en efectivo, su reparto y posterior uso para gastos personales. Parte de estos fondos, según versiones preliminares, estaban destinados inicialmente a apoyar la campaña presidencial de 2022 de su padre, pero nunca habrían llegado a ese destino.
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