Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Durante la jornada del miércoles 18 de febrero de 2026, desde el Secretariado Central del Estado Mayor Central de las Farc-EP emitieron una carta notificando a la misión de verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos Mapp-OEA y a la Defensoría del Pueblo que su acceso sería restringido en territorios en los que el grupo armado opera “política y militarmente”.

Dicha decisión fue tomada, según se lee en la carta, por un quiebre de confianza y “graves violaciones a la neutralidad” por parte de las organizaciones mencionadas, que habrían derivado en operaciones militares en contra de la estructura guerrillera.

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De hecho, los voceros de la estructura subversiva indicaron que solo el Comité Internacional de la Cruz Roja podría mantener la asistencia humanitaria, con estrictas condiciones.

Sin embargo, dicha posibilidad de ingreso estaría despertando preocupaciones en la sociedad ante una declaración de poder por parte de las disidencias de las Farc, que significaría la consolidación “de soberanías de facto” de los subversivos.

Dicha posesión y ejercicio efectivo de poder en los territorios trae consigo un aumento de riesgos para la población civil, según explicó Néstor Rosanía, abogado y especialista en seguridad y defensa nacionales.

En diálogo con Infobae Colombia, Rosanía explicó que la restricción impuesta responde a una estrategia de los subversivos por asegurar “el control y disputa territorial entre los grupos armados y el Estado”, y que los actores armados pretenden “construir el imaginario de esa soberanía” para enviar mensaje político tanto a la mesa de negociación con el Gobierno nacional, como a las comunidades, para demostrar su capacidad militar y control en las regiones.

El analista detalló que tal situación implica un desconocimiento del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de los actores armados que en su reciente carta a las misiones humanitarias, alegaron que fue incumplido por parte del Estado colombiano y las organizaciones humanitarias.

Las disidencias de las Farc están demeritando el trabajo de las misiones humanitarias, que es protegido por el DIH, que, además, garantiza su libre tránsito, y determina que “no pueden ser actores que se declaren como objetivo militar”, advirtió el docente universitario.

Los impactos de las restricciones a las misiones humanitarias en la población

El abogado puntualizó que la ausencia de la asistencia humanitaria en territorio controlado por grupos armados genera impactos directos sobre la población civil.

Rosanía indicó que la población no solo pierde la vigilancia internacional, sino que se esfuma la capacidad de “documentar violaciones a los derechos humanos”, funciones clave de estos organismos.

El experto hizo mención de la “invisibilización” de delitos cometidos por los actores armados como el reclutamiento de menores y las masacres que, al quedar sin verificación externa, no pueden ser denunciados ante la comunidad internacional.

Además, los habitantes de estas zonas bajo el control armado de los grupos ilegales, eventualmente “quedan atrapados” en conflictos internos, en medio de enfrentamientos entre las disidencias con el Ejército Nacional, una violenta dinámica que se ha repetido históricamente en el país, como “un déjà vu”, estimó.

El rol del las instituciones colombianas

Respecto al papel del Estado colombiano, Rosanía afirmó que existe una “obligación constitucional” de combatir a estos grupos, independientemente de la existencia de órdenes de captura, acercamientos o negociaciones.

Aunque en el país, pese a los Acuerdos de Paz, el conflicto armado ha vuelto a emerger, mientras salen voces de un lado y de otro para atribuir responsabilidades en el fortalecimiento de las estructuras armadas, Rosanía sostuvo que el peso del control territorial no recae particularmente sobre un gobierno, sino en toda la institucionalidad estatal. Es una problemática de más de setenta años en la que el Estado no ha conseguido el control territorial “real”, expresó.

“El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares tienen la lógica de seguir combatiendo. Puede ser que en un momento no puedan combatir a un cabecilla porque hay una orden de captura levantada, pero al resto de la estructura se sigue combatiendo común y corriente”, dijo.

“Tanto en gobiernos de izquierda, como el de Petro, como en gobiernos de derecha como el de Duque, el control de estos grupos armados ha sido la constante”, argumentó.

En su reflexión, el analista concluyó que el debate político en Bogotá tiende a ideologizar la guerra, pero la crisis en las regiones supera las discusiones: “Uno como corresponsal —yo que voy a las zonas de conflicto— queda con la sensación que la guerra la ideologizaron y la politizaron entre la izquierda y la derecha, pero en los territorios los que pagan las consecuencias son la población civil, que más que una bandera política, lo que necesitan es poder vivir tranquilos y que no les recluten los hijos“.