Daniel Briceño recordó cuando alias El Zarco, responsable del magnicidio de Miguel Uribe, fue designado como gestor de paz por el Gobierno actual: “La Paz total asesinó a Miguel”

El representante electo a la Cámara Daniel Briceño acusó públicamente al Gobierno nacional de haber designado como gestor de paz a José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco, que es señalado –por el propio Briceño– de haber ordenado el asesinato del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según consta en sus declaraciones, Aldinever Sierra fue incorporado por el Ejecutivo a la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia a principios de 2024, en cumplimiento de la política de Paz total.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fundamento legal de la presencia de Sierra Sabogal en el proceso de diálogo se halla en la Resolución 065 del 28 de febrero de 2024, firmada por la Presidencia de la República de Colombia. El documento reconoce a diez personas, entre ellas a José Aldinever Sierra Sabogal, como miembros representantes del grupo armado Segunda Marquetalia, habilitados formalmente para participar en la mesa de diálogos de paz con el Estado.

El propio Briceño aseguró en sus redes sociales que “Alias El Zarco Aldinever dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay”. El señalamiento reviste gravedad añadida porque, según el congresista electo, el Estado habría validado la legitimidad de un hombre vinculado directamente a actos criminales recientes. En otra publicación, Briceño reforzó la acusación: “La paz total asesinó a Miguel”.

La resolución oficial establece que la selección y reconocimiento de interlocutores en procesos de paz es atribución exclusiva del presidente, justificando este poder en el mandato constitucional y en las modificaciones introducidas por la Ley 418 de 1997, prorrogada y reforzada por la Ley 2272 de 2022.

El texto legal enfatiza la discrecionalidad política que asiste al jefe de Estado para decidir “cómo, cuándo y con quiénes adelantará diálogos”, en atención a la preservación del orden público y al deber de promover la reconciliación nacional.

La Resolución 065 ordena además su comunicación a las autoridades pertinentes para el cumplimiento de la ley y precisa que fue expedida y entró en vigor el 28 de febrero, pocos días después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recibiera de la Segunda Marquetalia la lista de sus interlocutores autorizados, entre los que aparece Sierra Sabogal.

En la lista incluida en la resolución presidencial, José Aldinever Sierra Sabogal es el primer nombre mencionado entre los representantes designados del grupo armado. Los registros oficiales indican que la instrumentación formal de la mesa de negociaciones se inició el 9 de febrero de 2024 y, tras una fase inicial reservada de acercamientos, se oficializó el reconocimiento de los delegados insurgentes el 16 de ese mes.

Las bases jurídicas citadas en la resolución –incluyendo la sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional– legitiman la amplitud con la que el presidente puede seleccionar interlocutores e insisten en que tales mecánicas sirven como instrumentos para la superación del conflicto armado.

La designación de Sierra Sabogal en este rol coincide con lo denunciado por Briceño, que expone una tensión central: mientras la administración respalda la inclusión de miembros con historial criminal en cumplimiento de la política de paz, sectores de la oposición entienden este acto como validación estatal de quienes estarían directamente involucrados en crímenes recientes de alta repercusión política.

El proceso de negociación con el grupo criminal la Segunda Marquetalia incluye a diez representantes reconocidos por el Gobierno el 28 de febrero de 2024 mediante acto administrativo formal, entre ellos el señalado por Briceño como responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay. El enfrentamiento discursivo sobre el alcance y los límites de la política de ‘paz total’ adquiere así un nuevo nivel de tensión en la escena política colombiana.