Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) expresó su rechazo ante el anuncio del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP, que busca limitar el ingreso de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA a los territorios donde mantiene presencia.

A través de un comunicado oficial, Indepaz advirtió que en regiones bajo control o disputa armada la presencia de organismos humanitarios y de verificación no representa un problema, sino que responde a una necesidad fundamental.

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Según la organización, estos mecanismos permiten visibilizar lo que ocurre en terreno, acompañar a las comunidades y activar respuestas frente a riesgos que de otra manera quedarían sin atención.

El Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc dirigida por “Iván Mordisco”, ha anunciado la prohibición inmediata de ingreso a sus territorios por parte de personal de estas entidades, con lo que restringe el monitoreo internacional en regiones bajo su influencia en Colombia y que responde, según la organización armada, a supuestas “graves violaciones de confianza y neutralidad” por parte de estos organismos, conforme al comunicado publicado en redes sociales, según se conoció el miércoles 18 de marzo.

Indepaz señaló el mismo día en su carta que considera preocupante la restricción al acceso de estos organismos, ya que afecta la transparencia sobre la situación en los territorios y fortalece dinámicas de control social armado.

De acuerdo con el comunicado, estas restricciones dejan a las comunidades más expuestas y con menos garantías para su protección.

La medida afecta directamente a miles de habitantes: la suspensión atañe a zonas donde se desarrollan operativos militares simultáneos y donde la presencia internacional suele actuar como garante de protección para la población civil.

El Instituto también expuso la preocupación por los intentos de deslegitimar el trabajo de la Defensoría del Pueblo, advirtiendo que debilitar estos mecanismos de verificación y acompañamiento afecta la posibilidad de prevenir violencias.

Indepaz sostiene que la paz no puede construirse cerrando territorios o restringiendo el acceso de quienes acompañan a las comunidades.

En este sentido, la organización reiteró la importancia de contar con más presencia de entidades humanitarias y de verificación, lo que se traduce en mayor transparencia y garantías para los habitantes de zonas afectadas por el conflicto.

Al final, el Instituto hizo un llamado a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a no adoptar decisiones que incrementen el riesgo para la población civil en los territorios bajo disputa armada.

Mientras que el jueves 19 de marzo, en su comunicado la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en su preocupación ante la decisión del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias armadas de restringir el ingreso de este organismo y otros actores humanitarios a zonas bajo su influencia.

La entidad mencionó que esta medida vulnera principios del derecho internacional humanitario (DIH) y agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el conflicto.

El organismo señaló que impedir o condicionar la presencia de instituciones humanitarias en los territorios impide el monitoreo de riesgos para la población civil, limita el acompañamiento al que las comunidades tienen derecho y reduce el acceso a la atención humanitaria. En palabras del comunicado, estas restricciones “coartan las labores para aliviar su sufrimiento” y terminan “castigando a las comunidades”.

La Defensoría también expresó su inquietud ante los intentos de deslegitimar y obstaculizar su labor, así como por los riesgos adicionales que enfrentan sus funcionarias y funcionarios en contextos adversos.

En la misiva se destacó que su trabajo se desarrolla con rigor técnico y humano, enfocado en la defensa de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la población civil.

De acuerdo con su protocolo de actuación humanitaria, la Defensoría aseguró que sus gestiones se realizan bajo criterios de imparcialidad, independencia y autonomía, y que están orientadas a la construcción de paz con respeto por los derechos humanos, el DIH y la protección del entorno natural.