La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes habría decidido abrir investigación preliminar contra la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, por presuntas contradicciones en su actuación frente al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según el medio Blu Radio, el proceso quedó en manos de la representante liberal María Eugenia Lopera, reconocida por su papel en la aprobación de varias reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.
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Lopera, quien presidió la Comisión Séptima entre julio de 2023 y julio de 2024, será la encargada de conducir esta primera etapa de las diligencias legislativas.
La decisión se produce tras la denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos, defensor de víctimas en el caso Ungrd.
El auto señala: “Primero: avocar el conocimiento de las presentes diligencias preliminares, en contra la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo Garzón, de conformidad con lo previsto en el artículo 332 de la Ley 5 de 1992 y 424 de la Ley 600 del 2000. [...] Tercero: comuníquese el contenido del presente auto, por medio de la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación, a las partes: Pablo Bustos Sánchez, en calidad de solicitante”.
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La controversia surge porque documentación interna de la Fiscalía muestra que Camargo habría intervenido directamente en las decisiones del caso, a pesar de que en rueda de prensa negó esa participación y responsabilizó a una de sus funcionarias por los errores cometidos, de acuerdo con el medio citado.
El inicio formal de la indagación incluye la notificación a las partes involucradas. Sin embargo, el nombramiento de Lopera como instructora ha despertado cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso, dado su alineamiento con iniciativas del Ejecutivo.
En paralelo, el abogado Bustos también fue citado para ratificar una denuncia contra Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico de la Casa de Nariño.
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Según la acusación, fondos de la Ungrd habrían sido usados para realizar pagos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el fin de modificar el orden del día y facilitar la elección de Fernández como magistrado. La diligencia está prevista para el martes 9 de septiembre a las 11:00 a. m.
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, ha reiterado que no existen garantías para ejercer plenamente sus derechos dentro del ente acusador y ha señalado hechos que respaldan las denuncias sobre el uso político de los recursos de la Ungrd.
En la investigación también participan los representantes Carlos Cuenca Chaux (Cambio Radical), como coordinador ponente; Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde); y Wadith Manzur (Partido Conservador). A su vez, el congresista Christian Garcés (Centro Democrático) interpuso una denuncia adicional y fue convocado para ratificarla.
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Con este paso, la Comisión de Acusación abre un nuevo capítulo en el escándalo que compromete a la Ungrd y que ya salpica a altas autoridades del Estado, incluyendo a la jefa del ente investigador.
Desaparición de documentos clave en la Ungrd pone bajo la lupa a Carlos Carrillo
De forma paralela a la indagación contra la fiscal general, la desaparición de documentos esenciales en el expediente del caso Ungrd abrió una nueva línea de investigación en la Fiscalía.
Según reveló RCN, el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, será citado a testificar por la pérdida de archivos que incluyen órdenes de proveeduría y reportes de avance contractual, considerados piezas fundamentales para esclarecer las irregularidades.
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Las sospechas se fortalecieron tras el testimonio de Sneyder Augusto Pinilla ante la Corte Suprema de Justicia, quien señaló directamente a Carrillo como responsable: “Los papeles se le perdieron fue a ese director, al actual, que es Carlos Carrillo”. Pinilla también cuestionó el sesgo de las investigaciones al advertir: “¿Por qué solamente nos están revisando a nosotros?”.
El caso también compromete al exdirector Olmedo López, quien, en el marco de un principio de oportunidad, reveló que la senadora Berenice Bedoya (ASI) habría gestionado contratos de obras en Casanare a través de la Ungrd.
López será escuchado esta semana por la Corte Suprema, en un testimonio clave para definir el alcance de la red de corrupción y esclarecer cómo desaparecieron los documentos que hoy constituyen el nuevo eje de la investigación.
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