La rotación sin fin: el inestable gabinete de Petro cambia, en promedio, un ministro cada 19 días

La rotación de ministros en el gobierno de Gustavo Petro se convirtió en un rasgo característico de su administración. A tres años y un mes de haber llegado a la Casa de Nariño, el gabinete acumula 60 nombres distintos en 19 carteras, lo que significa, en promedio, un relevo cada 19 días. La cifra habla por sí sola, pues ningún funcionario se ha mantenido desde el inicio del mandato y la constante es el movimiento.

Ese escenario volvió a quedar en evidencia tras la derrota del Ejecutivo en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Como respuesta, el presidente solicitó la renuncia de tres de sus ministros: Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio, Industria y Turismo) y Julián Molina (TIC). El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ya inició los trámites para formalizar sus salidas, lo que anticipa un nuevo remezón en la cúpula gubernamental.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Si se analizan los números, el panorama resulta inédito en la historia reciente del país. De los 19 ministerios, ocho ya han tenido cuatro titulares distintos. Los que más tiempo lograron permanecer fueron Iván Velásquez en Defensa, Susana Muhamad en Ambiente y Gloria Inés Ramírez en Trabajo, con 30, 30 y 29 meses en sus cargos, respectivamente. El resto estuvo sometido a un constante vaivén.

Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga, advirtió en el diario La República que esta dinámica genera una sensación de fragilidad: “Consideramos que la alta rotación ministerial refleja una debilidad institucional, entendida como el debilitamiento de las reglas de juego que conforman el marco institucional del país. Esto impacta a los sectores productivos y al país en su conjunto: no se trata únicamente de la imagen de un Gobierno, sino de la solidez de las instituciones que brindan certidumbre”.

A pesar de esa movilidad, la ejecución del Presupuesto General de la Nación avanza a diferentes ritmos según la cartera. Con corte a julio de 2025, Educación lidera la lista con un 55,1% de ejecución, seguida de Salud (54,5%) y Defensa (49,4%). En contraste, Transporte apenas alcanza el 21,8% y Deporte llega al 26%.

Lo llamativo es que los ministerios con mayor estabilidad relativa no necesariamente son los que más ejecutan. En Educación, por ejemplo, ya pasaron tres ministros, mientras que en Transporte desfilaron cuatro. La inestabilidad, sin embargo, no parece afectar directamente el gasto, aunque sí multiplica la incertidumbre sobre la continuidad de proyectos estratégicos.

El exministro y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, señaló en el diario antes mencionado que el problema no es solo numérico, sino de gestión: “La rotación interrumpe la continuidad de las políticas públicas, dificulta la planeación de largo plazo, incrementa los costos de cumplimiento normativo y regulatorio y transmite la idea de improvisación. Además, concentra decisiones en la Presidencia y reduce la autonomía técnica y estratégica de los ministerios, lo que erosiona la credibilidad del Estado”.

Este diagnóstico coincide con las quejas de gremios y analistas, que advierten sobre la pérdida de “curvas de aprendizaje” en funcionarios que apenas comienzan a adaptarse y ya deben dejar el cargo.

Más allá de las cifras y las voces críticas, lo cierto es que la administración Petro encara un reto mayúsculo, recuperar la confianza en la estabilidad de su equipo. Cada renuncia y cada reemplazo reactiva el debate sobre la gobernabilidad y la solidez institucional.

El relevo de Sanguino, Morales y Molina no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia que parece difícil de revertir. El presidente mantiene la facultad de reorganizar a su equipo, pero los efectos de tantos cambios ya se sienten en la percepción pública y en la capacidad del Estado para trazar políticas de largo plazo. En un Gobierno donde la movilidad de los funcionarios se convirtió en norma, la pregunta es cuánto puede resistir la institucionalidad sin que esa fragilidad termine trasladándose a toda la estructura del país.