El adolescente menor de 15 años señalado de haber disparado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay permanecerá bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) mientras avanzan las diligencias judiciales en su contra.
Así lo confirmó la directora de la entidad, Astrid Cáceres, que señaló que, pese a la gravedad de los hechos, el Icbf garantizará la protección integral del menor y el restablecimiento de sus derechos, como lo establece la ley.
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La funcionaria explicó que, tras el fallecimiento del senador el lunes 11 de agosto, la tipificación del delito cambiará de tentativa de homicidio a homicidio, lo que supone un giro significativo en el proceso judicial del joven.
Sin embargo, al tratarse de un menor de edad, el caso se seguirá tramitando dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el cual contempla medidas pedagógicas, de protección y de rehabilitación, diferenciadas del régimen punitivo que rige para los adultos.
“El joven está cobijado por la Ley 1098 (Código de Infancia y Adolescencia), que garantiza la protección y el restablecimiento de derechos. Nosotros somos parte del proceso de garantía de derechos. El adolescente tiene una defensoría legal, con la Defensoría del Pueblo, y una Defensoría de Familia para velar por su protección”, afirmó Cáceres en declaraciones públicas.
El menor fue aprehendido en flagrancia el 7 de junio en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá, portando el arma de fuego con la que se cometió el atentado contra Uribe Turbay. Desde entonces, se encuentra bajo custodia en un centro especializado del Icbf para adolescentes infractores de la ley.
La audiencia en la que se redefinirán los cargos está prevista para el miércoles 27 de agosto, y será crucial para determinar las nuevas medidas que se le impondrán al joven. Según explicó la directora del Icbf, es probable que dicha diligencia sea aplazada para ajustar los nuevos elementos del proceso judicial, tras el fallecimiento del senador.
Cáceres reiteró que el enfoque del sistema no es punitivo, sino pedagógico. “El juez determinará la imputación, y nosotros acompañamos el proceso como garantes de derechos. La responsabilidad penal en adolescentes busca, ante todo, la reintegración social del joven”, subrayó.
Sin principio de oportunidad
Aunque en un comienzo se contempló la posibilidad de otorgarle un principio de oportunidad a cambio de colaboración, el ente acusador determinó que el testimonio del joven no fue clave para identificar y capturar a los demás involucrados en el atentado.
“Se probó que fue a través de cámaras de seguridad y de investigación judicial que se llegó a los otros eslabones de la cadena, y no gracias a su declaración”, indicaron desde la Fiscalía.
Incluso, en su momento el Icbf habría solicitado que el joven no pagara ni un solo día de reclusión. Sin embargo, debido a la gravedad del atentado, en el que el senador Uribe Turbay resultó gravemente herido, el juez estaría inclinado a imponer una sanción efectiva.
Una estructura criminal desmantelada
El caso derivó en una investigación más amplia que ya deja seis capturados, todos vinculados a una estructura criminal que planeó y ejecutó el atentado. Entre ellos está Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela o Andrea, detenida en Florencia (Caquetá), que habría sido la encargada de transportar la pistola Glock 9 mm utilizada en el ataque.
También fueron capturados:
- Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco, detenido en Bogotá y con antecedentes por actividades delictivas en Caquetá.
- William González Cruz, alias el Viejo.
- Elder José Arteaga Hernández, conocido como el Costeño o Chipy, señalado como el articulador del atentado.
- Christian González, que habría sido el conductor de la motocicleta en la que escaparía el sicario.
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