La JEP otorgó 60 decretos de amnistía a excombatientes sin vínculos con crímenes de guerra en Putumayo

La Sala de Amnistía e Indulto (SAI) visitó el Aetrc Heiler Mosquera con el objetivo de entregar formalmente 60 decretos de amnistía a excombatientes de las antiguas Farc que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016. La amnistía elimina la persecución por delitos políticos a quienes cumplan con los requisitos legales, mientras que los proyectos sociales aportan a la reparación y la reconciliación en el territorio.

El equipo de la JEP estuvo conformado por las magistradas Marcela Giraldo y Diana Vega, el magistrado Juan José Cantillo Pushaina, y delegados de varias oficinas internas de la entidad, así como representantes de la Misión de Verificación de la ONU.

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La actividad incluyó espacios de orientación jurídica, atención individualizada para resolver inquietudes sobre el estado de solicitudes y una revisión técnica de los proyectos sociales, educativos y culturales desarrollados por la población reincorporada.

La magistrada Diana Vega explicó las condiciones que se deben cumplir para acceder a la amnistía y las libertades condicionadas: “La amnistía es una especie de perdón por delitos políticos, como la rebelión. En el acuerdo quedó pactado entregar un certificado que simboliza que, legalmente, ya no existe persecución jurídica por este tipo de delitos”.

La magistrada aclaró que esta figura legal no ampara crímenes de guerra ni violaciones graves al derecho internacional humanitario, lo que fue reafirmado por el magistrado Cantillo Pushaina: “Los crímenes de guerra que vulneren el derecho internacional humanitario no son amnistiables”.

Además, se recordó que para acreditar la pertenencia a un grupo armado se puede recurrir a diversas formas, como la certificación expedida por la Oficina del Comisionado para la Paz o las autoridades indígenas que tienen competencias jurisdiccionales propias. Esto es importante porque la amnistía está condicionada a que los solicitantes efectivamente hayan pertenecido a grupos alzados en armas.

Por su parte, la magistrada Marcela Giraldo puntualizó que la amnistía depende del cumplimiento del régimen de condicionalidad establecido en el acuerdo de paz, el cual incluye el compromiso con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Por lo tanto, el beneficio está sujeto a que los excombatientes participen activamente en estos procesos y no incurran en nuevas conductas delictivas.

Sobre los proyectos restaurativos

Durante la visita, se verificaron 22 proyectos con contenido restaurativo que se desarrollan en el territorio. Entre ellos destaca la Corporación Humanitaria Reencuentros, que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas y ha logrado reconstituir vínculos familiares fragmentados por el conflicto.

En junio de 2025, esta organización facilitó el reencuentro de una familia después de 16 años, al encontrar con vida a una mujer que permanecía desaparecida. Según Claudia Meneses, integrante de Reencuentros, “Todos merecemos volver a encontrarnos con nuestros familiares. El conflicto dejó muchas secuelas; poder dar tranquilidad a las familias y ayudar humanitariamente es construir paz”.

Otro proyecto relevante es Arando la Educación, una iniciativa financiada por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) que, desde 2017, ha graduado a cerca de 2.000 personas, entre firmantes de paz y víctimas. Este programa ha permitido la creación de una biblioteca y una sala de cómputo en el Aetcr, accesibles para toda la comunidad local.

El proyecto tiene un enfoque diferencial que incluye la participación de mujeres, personas Lgtbi+ y personas con discapacidad. Zoraida Jara, beneficiaria del programa, señaló: “Cuando llegamos a este espacio, la visión era capacitarnos, porque muchos no habíamos podido estudiar, y ahora casi el 100% nos hemos graduado de bachiller junto con las comunidades”.

En el ámbito deportivo, el proyecto Semilleros de Paz, liderado por el excombatiente Freddy Miranda, promueve la formación de escuelas de fútbol para niños y adolescentes. Este programa integra comunidades indígenas, campesinas, raizales, firmantes de paz y miembros de la fuerza pública.

Más de 250 niños y adolescentes han participado, logrando incluso competir a nivel nacional e internacional, fortaleciendo la convivencia y la integración a través del deporte, funcionando como un espacio para el encuentro intercultural y generacional.

Jimmy Lozano, líder del Aetcr, destacó la importancia jurídica y social de los decretos de amnistía: “Uno, por ser firmante, carga con estigmas; ahora, con esto, se siente libre, sin temor de mostrar la cédula, incluso para buscar empleo”.