Las alertas se encendieron en Cali luego de que la Personería Distrital anunciara la apertura de una indagación preliminar por posibles irregularidades en la firma del Otrosí No. 13, un documento que modificó condiciones clave en los contratos entre Metrocali y los concesionarios Blanco y Negro Masivo y Git Masivo, operadores del sistema MIO.
Aunque la investigación apenas comienza, la lupa ya está puesta sobre lo que podría representar un nuevo golpe a la confianza ciudadana en la administración del transporte público. El foco está en determinar si los ajustes pactados favorecieron injustificadamente a los operadores, comprometiendo recursos públicos de la capital del valle. La Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial busca establecer si hubo responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en la firma del documento, amparándose en el artículo 208 del Código General Disciplinario.
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En respuesta, Metrocali defendió el proceso. A través de un comunicado, aclaró que el Otrosí No. 13 surgió de un acuerdo conciliatorio en sede arbitral, dentro de un proceso legal vigente y validado por instancias superiores. “Cada conciliación judicial contó con la revisión previa del Ministerio Público y de tribunales arbitrales, cuyos árbitros tienen rango de magistrados y actúan como garantes de la legalidad y conveniencia pública de lo conciliado”, explicó la entidad gestora del MIO.
Mas allá de los argumentos técnicos la discusión revive dudas que acompañaron al sistema de transporte masivo desde hace años están realmente sirviendo estos ajustes contractuales al interés público o son parte de una cadena de decisiones que debilitaron la operación del MIO las preguntas toman fuerza en un momento en que el sistema enfrenta dificultades financieras y operativas y crecen los reclamos ciudadanos por su cobertura frecuencia y calidad
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Según la Personería, el Otrosí podría haber alterado significativamente los términos originales de las concesiones, otorgando beneficios contractuales que no estarían justificados y que podrían derivar en un detrimento patrimonial para la ciudad.
Metrocali, sin embargo, insiste en que todo se hizo dentro de los cauces legales. En su declaración, reafirmó su disposición a colaborar con los entes de control, al tiempo que reiteró su compromiso con “la legalidad, la transparencia y el respeto por los principios de la función pública”.
Aún no hay conclusiones oficiales, pero la indagación abre un nuevo capítulo en la historia del MIO, uno que obliga a revisar con lupa la relación entre la administración pública y los operadores privados, en un sistema que no logró consolidarse como una solución de movilidad efectiva para los caleños. La Personería, en ejercicio de su función preventiva y de control, continuará recabando pruebas y analizando documentos para establecer si hubo o no responsabilidad disciplinaria. Por ahora, la ciudadanía espera claridad. Y, sobre todo, decisiones que no sigan postergando el fortalecimiento del transporte masivo que la ciudad necesita con urgencia.
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Impacto al ciudadano
La investigación sobre el Otrosí No. 13 impacta directamente a los ciudadanos porque pone en duda el uso adecuado de los recursos públicos que deberían destinarse a mejorar un sistema de transporte esencial para la movilidad urbana. Si los ajustes contractuales favorecieron de manera injustificada a los concesionarios, como advierte la Personería, esto podría traducirse en menos recursos disponibles para ampliar rutas, renovar la flota o mejorar frecuencias, afectando especialmente a los sectores más vulnerables que dependen del MIO para desplazarse.
Además, la incertidumbre que genera este tipo de decisiones opacas alimenta el escepticismo de los usuarios frente al sistema y sus operadores. Cuando el transporte público pierde credibilidad, la ciudadanía deja de confiar en su funcionamiento y eficiencia, lo que a largo plazo deteriora la relación entre lo público y la comunidad. En una ciudad como Cali, donde el MIO aún no logra consolidarse como un servicio digno y confiable, el manejo contractual no es un tema técnico ajeno a la gente, es un asunto que condiciona su cotidianidad, su tiempo y su bolsillo. La transparencia, por tanto, no es solo una exigencia institucional, sino una demanda ciudadana urgente.
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