Colombia fue incluida en el grupo de los doce países con los entornos fiscales más hostiles del mundo, según el reciente Índice de Infiernos Fiscales publicado por The 1841 Foundation.
Este ranking, que evalúa tanto indicadores fiscales como de gobernanza, destaca a Colombia por su alta presión impositiva, inestabilidad política y deficiencias institucionales, factores que llevaron al país a ingresar por primera vez a esta lista en su edición 2024.
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Según el informe, la reforma tributaria aprobada en 2022 fue uno de los elementos que contribuyó a este resultado.
El índice, analiza 82 países y jurisdicciones de Europa y América, combinando una evaluación cuantitativa (60%) que mide aspectos como la presión fiscal, la deuda pública, la inflación y el déficit, con una evaluación cualitativa (40%) que incluye factores como el estado de derecho, la rendición de cuentas, la estabilidad política, la eficacia del gobierno y el control de la corrupción.
En esta edición, Colombia se unió a países como Rusia, Venezuela, Argentina, México y Brasil, que también figuran entre los peores evaluados.
Rusia encabeza el listado, desplazando a otros países debido al impacto de la guerra contra Ucrania, que ha generado un deterioro institucional significativo, un aumento del déficit fiscal y restricciones crecientes a la propiedad privada.
Le siguen Venezuela, afectada por el colapso institucional y la hiperinflación, y Argentina, que enfrenta una inflación récord, endeudamiento y restricciones cambiarias.
Además de estos tres países, el ranking incluye a Ucrania, Bielorrusia, Ecuador, Bolivia, Moldavia y Nicaragua, todos señalados por una combinación de alta presión fiscal y baja calidad institucional.
El informe destaca que, aunque algunos países mostraron leves mejoras, la combinación de políticas fiscales agresivas y deterioro institucional sigue siendo una constante en muchas regiones.
Según Martín Litwak, fundador de The 1841 Foundation, “un infierno fiscal no es solo un país con altos impuestos. Es, sobre todo, un país donde no se respetan los derechos de propiedad, la privacidad ni el estado de derecho”.
“Lo preocupante es que, aunque algunos países mejoraron levemente, la combinación de políticas fiscales agresivas y deterioro institucional persiste en muchos rincones del mundo”, añadió Litwak durante la presentación del Índice.
En comparación con la edición anterior del índice, correspondiente a 2023, se registraron cambios significativos. Países como El Salvador, Haití, Surinam y Honduras, que figuraban en la categoría más crítica, fueron desplazados por economías como Colombia, Ecuador, Moldavia y México, que experimentaron un claro deterioro en sus indicadores cualitativos, especialmente en gobernanza y respeto a los derechos individuales.
Por su parte, Brasil, que había ingresado al ranking en 2023, se mantiene dentro del grupo de las diez jurisdicciones más críticas, consolidando una tendencia de deterioro sostenido.
El índice también resalta que, a nivel global, el promedio de las puntuaciones mejoró ligeramente, pasando de 6,48 a 6,07 puntos. Sin embargo, esta mejora no fue suficiente para revertir las condiciones en los países que integran el listado de infiernos fiscales.
En contraste, países como Irlanda y Dinamarca continúan destacándose como ejemplos de eficiencia fiscal, transparencia y solidez institucional, ubicándose entre los mejor evaluados del índice.
La inclusión de Colombia en este ranking refleja los desafíos que enfrenta el país en términos de gobernanza y política fiscal. La reforma tributaria de 2022, que buscaba aumentar los ingresos fiscales, ha sido señalada como un factor que incrementó la presión impositiva sobre los contribuyentes. Además, la inestabilidad política y las deficiencias en la protección de derechos fundamentales han contribuido a la percepción de un entorno fiscal hostil.
El Índice de Infiernos Fiscales, que se publica anualmente, tiene como objetivo identificar las jurisdicciones con los entornos tributarios más restrictivos o desafiantes.
Según The 1841 Foundation, este ranking no solo mide la carga fiscal, sino también la calidad institucional y el respeto a los derechos fundamentales, factores que son esenciales para evaluar la sostenibilidad y equidad de los sistemas tributarios en todo el mundo.
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