Crisis financiera en hospitales públicos rurales: 4 de cada 10 están en riesgo, según el Índice de Salud Rural 2024

En la mañana del lunes 17 de febrero de 2025, el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud presentó la segunda edición del Índice de Salud Rural 2024, un exhaustivo estudio que dejó en evidencia las marcadas desigualdades y desafíos que enfrentan las comunidades del campo colombiano.

Con datos extraídos de 520 municipios rurales y dispersos, que en conjunto representan el 87% de la población de estas áreas, el informe reveló la cruda realidad en la que viven miles de colombianos alejados de los grandes centros urbanos, donde el acceso a servicios básicos y la calidad de atención en salud se ven comprometidos por múltiples factores.

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El informe se articuló en torno a ocho desafíos críticos que dejan en evidencia la urgencia de implementar políticas públicas integrales y focalizadas.

Entre ellos, destacó la alarmante situación financiera de los hospitales públicos rurales, la escasez de médicos, las deficiencias en servicios públicos esenciales, la limitada conectividad para el uso de la telemedicina, la atención insuficiente a la salud mental, la baja cobertura en controles prenatales y mamografías, y la persistente violencia contra la mujer en territorios vulnerables.

Uno de los hallazgos más impactantes del Índice de Salud Rural 2024 fue la crisis en la gestión financiera de las Empresas Sociales del Estado (ESE) en zonas rurales, dado que entre 2022 y 2024, el porcentaje de ESE en riesgo alto se disparó, pasando del 16,8% al 37,3%.

Este preocupante incremento revela la menor capacidad de gestión y la escasez de recursos en muchos municipios, lo que afecta la sostenibilidad de los hospitales públicos y compromete la prestación de servicios básicos de salud en territorios ya marginados.

Según el informe, 4 de cada 10 hospitales rurales se encuentran en riesgo financiero, una situación que pone en jaque la atención médica de miles de personas.

La insuficiencia de servicios públicos básicos es otro de los retos identificados, pues de los 520 municipios analizados, solo el 41,1% de la población cuenta con acceso a servicio de alcantarillado, y en la mitad de estos municipios la cobertura no supera el 37,3%.

La deficiente infraestructura en saneamiento no solo afecta la calidad de vida de los pacientes, sino que incrementa la incidencia de enfermedades infecciosas, incluso, según el reporte, la situación se agrava en los municipios clasificados como Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zomac), donde, pese a registrar mejores coberturas en algunos indicadores, 12 localidades presentan agua inviable para el consumo humano. Asimismo, la cobertura de agua potable es preocupante, ya que el 39% de los municipios tiene acceso en niveles bajos o críticos (menos del 50%), siendo El Peñón, Bolívar y Puerto Salgar algunos de los casos más afectados.

El déficit de talento humano en salud también es una problemática que cobra relevancia en este contexto, dado que del análisis realizado se desprende que solo tres municipios (Santafé de Antioquia, Abejorral, Antioquia; y Córdoba, Bolívar) cuentan con más de 100 médicos por cada 10.000 habitantes.

En cambio, 116 municipios apenas disponen de un solo médico, concentrados principalmente en regiones como Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Esta distribución desigual no solo limita la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad, dejando a miles de habitantes sin atención médica oportuna.

La tecnología es otra herramienta clave en la modernización de los servicios de salud, pero, en este punto, el informe destacó que las limitaciones en el acceso a internet en zonas rurales constituyen un obstáculo para la implementación de la telemedicina.

En el 37,4% de los municipios rurales, la cobertura de internet es inferior al 1%, lo que impide el uso adecuado de plataformas digitales para el diagnóstico remoto y la atención continua.

Ante esta brecha, el informe sugirió la creación de centros de salud digitales que utilicen internet satelital, permitiendo que comunidades aisladas puedan beneficiarse de avances tecnológicos en salud.

El acceso a servicios de salud mental también se presenta como un desafío crítico, pues la atención a la depresión en las zonas rurales es prácticamente nula, con tasas de cobertura que apenas superan el 1%.

Esta situación es especialmente grave en regiones afectadas por el conflicto armado y la pobreza, donde la vulnerabilidad emocional se ve exacerbada por la falta de recursos y apoyo.

En este contexto, el municipio de Papunaua, Vaupés, destacó con una tasa de atención por depresión del 4%, siendo además la localidad con la mayor tasa de suicidio en el país, lo que evidencia la urgencia de ampliar y fortalecer los servicios de salud mental en el campo.

La salud maternoinfantil es otro de los ejes críticos que se mencionó en el informe, dado que si bien, en términos generales, el acceso a controles prenatales es alto (el 97% de las mujeres acude al menos a una consulta y el 86,4% recibe cuatro o más) en regiones con alta ruralidad, como Vaupés, con 26,4%, Guainía, con 34,3% y Vichada con 37,6%, los índices son alarmantemente bajos.

Estas desigualdades incrementan el riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto, afectando la supervivencia y la salud tanto de la madre como del recién nacido.

Otro indicador preocupante es la cobertura en mamografías, dado que en 60 municipios rurales, menos del 1% de las mujeres accede a este examen preventivo, lo que dificulta la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad femenina.

Además, en 171 municipios no se dispone de información, lo que impide evaluar la magnitud real del problema.

Aunque algunos territorios, como Hato, Santander; San José del Guaviare y Leticia, registran cifras relativamente mejores (con coberturas del 202%, 74% y 68% respectivamente), solo 12 municipios superan el 50% de cobertura, evidenciando la necesidad de implementar estrategias que amplíen el acceso a este servicio esencial.

Por último, el informe dejó en evidencia la persistente violencia contra la mujer en las zonas rurales y en los municipios Zomac, dado que de los 214 municipios analizados en este grupo, solo 36 no reportan casos de violencia.

En la región andina, municipios como Pajarito y Oicatá en Boyacá, y San José de Miranda, Santander, superan los 370 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que en el informe se especificó que estos datos son un claro llamado a reforzar las políticas de prevención y atención integral para las víctimas, y a crear entornos más seguros y equitativos para las mujeres.

Frente a este panorama, el doctor Augusto Galán Sarmiento, director ejecutivo de Así Vamos en Salud, enfatizó que: “Cerrar las brechas en salud requiere inversión en infraestructura, capacitación y gestión eficiente, junto con políticas focalizadas y estrategias de equidad. La telemedicina y las alianzas público-privadas pueden mejorar el acceso, especialmente en comunidades vulnerables, pero es clave fortalecer la confianza ciudadana con un sistema más inclusivo, transparente y eficiente”.

La implementación de soluciones estructurales, tales como la ampliación de la infraestructura de saneamiento, la modernización de los hospitales rurales y el fortalecimiento de la red de atención primaria, son pasos fundamentales para revertir el panorama actual.

Además, la incorporación de tecnologías de punta para habilitar la telemedicina y mejorar la conectividad en zonas remotas puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de los habitantes del campo.