
Tras conocerse la sanción económica impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud a Audifarma y Sumiprocesos, debido a las supuestas irregularidades en el suministro de medicamentos y dispositivos médicos a pacientes en diferentes puntos de entrega en el país, Audifarma publicó un comunicado oficial en el que responde a la medida.
En el documento, difundido en la mañana del 6 de febrero, la empresa explicó que tomará las medidas establecidas dentro de la ley y presentará la debida sustentación de la situación ante esta sanción.
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“Es preciso mencionar que se surtirán las instancias legales correspondientes para presentar nuestros argumentos y sustentar los esfuerzos que hemos venido realizando para garantizar la entrega de medicamentos a millones de colombianos, incluso en medio de uno de los momentos más desafiantes del sistema de salud en toda su historia, marcado por una escasez generalizada de recursos, como lo han manifestado diversas voces especializadas”, se lee en el comunicado.
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Asimismo, el operador farmacéutico recibió la decisión y aseguró estar en capacidad de atender todas las solicitudes que lleguen a la entidad: “Expresamos nuestro total respeto por las medidas de inspección, vigilancia y control; por tal motivo, manifestamos nuestra apertura y compromiso en facilitar las etapas del proceso y disponer de la información que corresponda para dar el trámite respectivo a las solicitudes que sean trasladadas a nuestra compañía”.
Finalizan confirmando el compromiso de acompañar a cada uno de los usuarios en su proceso, y garantizar el bienestar de cada uno de ellos.

En el comunicado oficial de Supersalud, se aclaró que en el caso de Audifarma se determinó que la información suministrada en los reportes de la entidad presentaba inconsistencias, afectando la dispensación de fármacos ambulatorios en el departamento de Caldas, y los usuarios de las EPS son los más perjudicados. Por esta razón, le fue impuesta una multa de 230 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (Smmlv), equivalentes a $266 millones.
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El superintendente nacional de salud, Giovanny Rubiano, explicó cuáles fueron los detonantes para imponer estas sanciones: “Existe un vacío jurídico por la falta de reglamentación de los gestores farmacéuticos y operadores logísticos de tecnologías en salud; sin embargo, esto no nos impide actuar, puesto que, como sujetos vigilados, les asisten deberes claramente establecidos en la Ley Estatutaria que regula el derecho fundamental a la salud y algunas normas generales del sector salud que les son aplicables”, afirmó.
En su pronunciamiento el funcionario planteó que es inadmisible el hecho de que estas entidades adquieran compromisos con varias EPS al tiempo sin tener las capacidades logísticas para responder ante las demandas de los usuarios, teniendo como agravante el hecho de normalizar que una solicitud quede en un estado pendiente, además, de dejar abandonado el proceso y no rectificar si el medicamento llegó o le fue entregado a domicilio al paciente.
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En el último año, la Superintendencia de Salud recibió un total de 290.836 peticiones y reclamos por este tipo de irregularidades, de los cuales 276.014 son tecnologías autorizadas, con cargo a la UPC, y 14.372 son por tecnologías no cubiertas.
De acuerdo con información proporcionada por una entidad del sector salud, se han anunciado nuevas estrategias para fortalecer la vigilancia sobre los actores que conforman el sistema de salud. Estas medidas surgen tras la aplicación de una sanción que, según lo señalado, busca asegurar que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) cumplan con las demandas de todos sus afiliados. Los objetivos principales de estas acciones serán evitar que los pacientes con solicitudes urgentes enfrenten demoras en el acceso a medicamentos y dispositivos médicos esenciales para su proceso.
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