
La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, publicada el 13 de diciembre de 2024, reabre la carrera hacia las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. El estudio, que consultó a los colombianos sobre su intención de voto en un escenario hipotético con 34 posibles candidatos, coloca al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, como el favorito con un 14.5% de apoyo.
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Le siguen en las preferencias Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, con un 13.1%, y Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social, con un 8.9%. El sondeo también muestra que un 7.7% de los encuestados no votaría por ninguno de los candidatos mencionados, mientras que un 5.6% optaría por el voto en blanco. El margen de error de la encuesta es del 2.2%, según informó El Tiempo.

Además de medir la intención de voto general, la encuesta exploró escenarios de consultas internas dentro de diversas corrientes políticas:
- En la consulta de izquierda, Gustavo Bolívar lidera con un 32.5%, seguido por María José Pizarro con un 18.9%, y Carolina Corcho con un 12%.
- Entre los candidatos de derecha, Vicky Dávila encabeza con un 24.8%, seguida de Germán Vargas Lleras con un 17.1%, y Miguel Uribe con un 12.5%.
- En el centro político, Sergio Fajardo destaca con un 35.5%, seguido de Claudia López con un 18.4% y Juan Manuel Galán con un 15.1%.
La encuesta fue realizada por Guarumo y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S., bajo la resolución 4899 de 2023 del CNE, entre el 9 y el 12 de diciembre de 2024. El estudio incluyó a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en el territorio nacional, excluyendo los antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés. Se realizaron 2.018 encuestas presenciales en diversas ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras.
El objetivo de la encuesta fue indagar sobre la favorabilidad, la percepción y los escenarios hipotéticos electorales, utilizando un diseño de muestra probabilística por etapas. La técnica de recolección fue una encuesta presencial en hogares, con un nivel de confianza del 95%.

Este panorama electoral preliminar refleja las preferencias actuales de los colombianos y brinda una visión sobre cómo podrían desarrollarse las dinámicas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Nueva ley en colombia: posibles penas de cárcel para manipulación de encuestas
En Colombia, un nuevo proyecto de ley busca imponer sanciones severas a quienes manipulen encuestas y sondeos de opinión, con penas que podrían incluir prisión.
Esta iniciativa, que se discute en el Congreso de la República, es impulsada por la bancada del Pacto Histórico, el partido del actual presidente Gustavo Petro, y cuenta con el apoyo de 20 congresistas de diversas fuerzas políticas, como el Partido Liberal, Alianza Verde, Partido Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático.
La propuesta surge en un contexto donde las encuestas sobre los posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2026 han comenzado a circular, a pesar de que aún faltan menos de 20 meses para que termine el mandato de Petro.

Algunos políticos han manifestado su intención de postularse, mientras que otros consideran prematuro anunciar sus candidaturas. Sin embargo, hay quienes ven estas encuestas como una estrategia para debilitar el actual gobierno, lo que ha motivado la creación de este proyecto de ley.
La senadora Clara López explicó que esta iniciativa retoma elementos de la reforma al Código Electoral, que fue anulada por la Corte Constitucional debido a irregularidades en su trámite. Entre las modificaciones propuestas se incluyen sanciones para las empresas encuestadoras o individuos que alteren o oculten información, lo que podría resultar en penas de cárcel.
El objetivo del proyecto es regular la difusión de encuestas para evitar que se genere una percepción negativa entre los ciudadanos, especialmente en un periodo electoral tan sensible. La regulación de los sondeos busca garantizar que la información proporcionada a la opinión pública sea veraz y no influya de manera indebida en el proceso electoral.
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