Centenares de vehículos livianos y de carga cruzaron nuevamente este viernes entre Tulcán e Ipiales después de que comerciantes y transportadores colombianos retiraran los contenedores y barricadas que mantuvieron cerrado el Puente Internacional de Rumichaca durante 19 días consecutivos.
La reapertura, sin embargo, no llegó acompañada de ningún acuerdo formal entre Bogotá y Quito sobre los aranceles que desencadenaron la protesta.
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El levantamiento del bloqueo respondió a la proximidad de la Semana Santa, temporada de alta movilización de personas y mercancías en la región. El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera de Ipiales fue enfático en que la decisión no implica una renuncia a sus reclamos.
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“Hoy levantamos esta medida con la frente en alto. Lo hacemos con la tranquilidad de haber defendido con dignidad el trabajo, la economía y el futuro de nuestra frontera”, declaró Óscar Obando, presidente del gremio, a medios ecuatorianos.
Desde Carchi, el sector del transporte pesado ecuatoriano también celebró la reactivación del paso. “Buscando el pan del día (...) porque el pan del día significa que esta frontera esté dinamizada”, afirmó Carlos Bastidas, presidente del gremio de transporte pesado de esa provincia en Prensa Latina.
El cierre dejó cifras contundentes. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Ipiales, las pérdidas alcanzaron US$5 millones diarios por mercancías represadas que no llegaron a sus destinos. En 19 días, las afectaciones acumuladas superaron los US$95 millones, un golpe que los gremios locales describen como una amenaza directa a cientos de empleos directos e indirectos vinculados al comercio exterior binacional.
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El Comité Gremial resumió el fondo del problema: “Decisiones adoptadas sin considerar la realidad de nuestras comunidades han puesto en riesgo el sustento de comerciantes, transportadores, trabajadores del comercio exterior y de miles de personas que viven del intercambio binacional.”
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, aprovechó la reapertura para reiterar su rechazo a las barreras arancelarias impuestas por el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. Para Escobar, este tipo de restricciones no contienen la ilegalidad sino que la alimentan.
“En vez de facilitar el comercio, lo que hace es que la ilegalidad se tome esta frontera; si bien la justificación es la seguridad, no se puede ir en contra del comercio”, sostuvo el mandatario departamental.
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Con el paso nuevamente habilitado, la atención se traslada a la mesa diplomática. La Comunidad Andina de Naciones facilitó un encuentro virtual entre la viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Juana Castro, y su homólogo ecuatoriano, Alejandro Dávalos.
Según el organismo multilateral, ambas delegaciones acordaron “abordar, de manera integral, los temas pendientes en la relación bilateral en materia de comercio, transporte, energía, hidrocarburos y las condiciones necesarias de presencia y control estatales en la frontera común.”
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld reconoció que aún no hay compromisos concretos, aunque señaló que existe disposición para avanzar. “Hay la voluntad política de avanzar en la agenda y en los puntos tratados en aquella reunión”, indicó, en referencia al encuentro en el marco de la CAN. Sommerfeld adelantó que el proceso continuará con instancias técnicas y una posterior reunión de alto nivel.
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La crisis se originó en enero, cuando Ecuador impuso aranceles del 50% a importaciones colombianas, argumentando falta de cooperación de Bogotá en materia de seguridad fronteriza. El gobierno de Gustavo Petro rechazó esas acusaciones, respondió con gravámenes equivalentes sobre productos ecuatorianos y suspendió la venta de electricidad a ese país.
Con Rumichaca abierto y las negociaciones en curso, los gremios de ambos países insisten en que cualquier solución duradera depende de acuerdos que ofrezcan certidumbre jurídica y económica a quienes sostienen con su actividad diaria uno de los corredores comerciales más activos de América del Sur.
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