Acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en crímenes contra la Unión Patriótica fue cancelado en Bogotá

Este viernes 11 de octubre, en la plaza de Bolívar, el Estado colombiano asumiria públicamente su responsabilidad por los crímenes cometidos contra los miembros de la Unión Patriótica (UP) entre 1985 y 2006.

Este evento, encabezado por el presidente Gustavo Petro, fue una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2022, pero, tras la cancelación de la agenda diaria del presidente Petro, por motivos de salud, el evento fue anulado. Se desconoce si será reprogramado.

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La Corte IDH determinó que el Estado colombiano fue responsable de la persecución y asesinato de más de 6.000 miembros de la UP, un partido político surgido de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc en 1985. La sentencia de la Corte destacó la omisión del Estado en su deber de protección, lo que facilitó la victimización y estigmatización sistemática de los integrantes de la UP.

El acto de reconocimiento se llevará a cabo en el Día Nacional de las Víctimas del Exterminio de la Unión Patriótica y reunirá a unas 2.000 personas, entre víctimas, familiares y sobrevivientes, quienes han esperado casi tres décadas por justicia y reparación.

César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, afirmó que este acto es un mensaje claro de que en Colombia no se tolerará la persecución por razones políticas.

Además del acto de perdón, la Corte IDH ordenó la creación de la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica, que comenzó a operar el 16 de abril de 2024. Esta comisión tiene el objetivo de verificar la identidad o parentesco de las víctimas para que puedan acceder a medidas de reparación. Hasta la fecha, se han recibido 4.980 solicitudes de víctimas.

El fallo de la Corte IDH también señaló que, tras las primeras elecciones en las que participó la UP en 1986, sus líderes comenzaron a ser asesinados y muchos militantes fueron desplazados, mientras que decenas de mujeres sufrieron violencia sexual. Este reconocimiento público es un paso hacia la verdad y la justicia que las víctimas han demandado durante años.

Según un comunicado oficial desde Presidencia, el evento contará con la participación de la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Colombia, además de la presencia de altos dignatarios, funcionarios del Estado y congresistas.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encargada de asegurar el cumplimiento de las disposiciones internacionales en favor de las víctimas, ha liderado este acto de perdón. Este evento representa un hito en el proceso de memoria, justicia y reconciliación en Colombia, marcando un paso importante en la historia del país.

Tras la cancelación del evento, una de las víctimas en conversaciones con El Espectador dijo que:_“Si el presidente no cumple hoy, si no se presenta, será como un dardo envenenado a la memoria de este día. Pasará a ser otro día triste en nuestro intento sincero de reconciliación, será revictimizar nuestro nombre y el nombre de la Unión Patriótica”.

La masacre a la Unión Patriótica

La masacre de la Unión Patriótica (UP) en Colombia es uno de los capítulos más oscuros de la violencia política en el país. Este partido político fue creado en 1985 como resultado de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc, con el objetivo de facilitar la participación política y el diálogo.

Sin embargo, la UP se convirtió rápidamente en un blanco de violencia por su ideología de izquierda y su éxito electoral, lo que fue percibido como una amenaza por ciertos sectores políticos y económicos.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, miles de sus militantes y simpatizantes fueron víctimas de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, exilios y amenazas. Se estima que entre 3,000 y 5,000 personas relacionadas con la UP fueron asesinadas. Las investigaciones han señalado la participación de grupos paramilitares, y algunas instancias del estado colombiano también han sido señaladas como cómplices o permisivas ante estas acciones.

Este genocidio político dejó una profunda huella en la sociedad colombiana, evidenciando los desafíos para construir una democracia inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Con el tiempo, la UP ha buscado justicia y reconocimiento de estos crímenes, siendo uno de los casos emblemáticos ante la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.