El Ejército retiró material de propaganda de las disidencias en Valle del Cauca, pocas horas antes de las elecciones presidenciales

Las acciones recientes de la Tercera Brigada han tenido como eje la retirada de mensajes que causaban inquietud en comunidades del Valle del Cauca. En los corregimientos de San Antonio, en Jamundí, y Tenerife, en El Cerrito, la tropa desmontó vallas vinculadas a grupos armados ilegales.

Al respecto, el brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez explicó: “Hoy en los corregimientos de San Antonio Jamundí y Tenerife, del Cerrito Valle, fueron desmontados elementos propagandísticos alusivos a grupos armados organizados con los que se buscaba generar temor en la población civil”.

Al mismo tiempo, los uniformados han reforzado la vigilancia en carreteras secundarias y puntos estratégicos. El objetivo central es “contribuir a la seguridad y tranquilidad de las comunidades en el Valle del Cauca para garantizar los comicios electorales”, señaló el comandante.

La operación forma parte del Plan Democracia 2026, que busca proteger a los habitantes y asegurar el desarrollo normal de los procesos electorales frente a amenazas de organizaciones ilegales. El despliegue en zonas rurales y la vigilancia constante pretenden brindar confianza a la población y frenar cualquier intento de intimidación por parte de actores armados.

Las pancartas retiradas en Jamundí incluían el siguiente mensaje: “62 años de lucha por la nueva Colombia. Frente Jaime Martínez” esto ha evidenciado la influencia de las disidencias de las Farc en la zona. Mientras tanto, en Tenerife, la consigna visible fue “Bloque central Isaías Pardo. Frente Adán Izquierdo”, mostrando otras facciones activas.

La preocupación por la seguridad en las zonas rurales de Jamundí se intensificó tras ataques recientes dirigidos contra la Fuerza Pública, que también impactaron a la población civil. La Alcaldía, encabezada por Paola Castillo, insistió en que los puestos de votación previstos para el 31 de mayo no fueron trasladados, a pesar del riesgo. Según detalló la mandataria, tanto la Policía como el Ejército le confirmaron que la jornada electoral se desarrolla sin cambios en puntos como Robles y Potrerito, donde se han registrado episodios violentos.

Para mantener la normalidad del municipio, la alcaldesa anunció un refuerzo con 250 policías y 16 pelotones, equivalentes a 450 soldados del Ejército, encargados de custodiar el municipio durante las elecciones. El objetivo es blindar la jornada y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin sobresaltos.

En relación con los rumores sobre la presencia del Frente 57 de las disidencias en Jamundí, generados por la circulación de un panfleto, la alcaldesa fue enfática: “De acuerdo con información del Ministerio de Defensa y organismos de inteligencia, no hay evidencia que confirme la presencia de esa estructura armada en el municipio”, afirmó.

La problemática de seguridad no se limita a Jamundí. En El Cerrito (donde apareció propaganda), las autoridades han impuesto restricciones adicionales para minimizar riesgos. Se prohibió la circulación de vehículos de carga pesada y el transporte de artículos pirotécnicos, cilindros de gas, combustibles, sustancias peligrosas, escombros y materiales de construcción. Además, no se permite estacionar vehículos en un radio de 100 metros alrededor de los puestos de votación.

La Tercera Brigada del Ejército intensificó su presencia en todo el departamento para las elecciones presidenciales. Para cubrir los 340 puestos de votación, los principales ejes viales y los centros poblados, se desplegaron 3.597 soldados. Estas unidades cuentan con recursos de infantería, blindados, medios de movilidad, buques, drones y sistemas antidrones, con el propósito de proteger el proceso democrático en el suroccidente del país.

Las acciones se han focalizado en la desarticulación de actividades de grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de alias ‘Mordisco’, el ELN con actividades en Buenaventura, el Clan del Golfo (también conocido como cartel EGC) y otras organizaciones criminales. La vigilancia se ha extendido a las zonas más vulnerables para anticipar posibles alteraciones del orden público.