
El 24 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación anunció su decisión de archivar de manera definitiva la investigación en contra de Karen Abudinen, exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), por el caso de Centros Poblados, en el que se perdieron $70.000 millones destinados a la conectividad en escuelas rurales en Colombia.
La polémica giraba en torno a si la exfuncionaria tenía conocimiento de que la empresa que adquirió el contrato no estaba en las capacidades de ejecutar el proyecto. Según el Ministerio Público, no se acreditó ninguna conducta irregular y no es “Responsable directamente” del proceso de contratación.
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Tras el anuncio, Germán Vargas Lleras, líder del Partido Político Cambio Radical y exvicepresente de la República, cuestionó la decisión del órgano de control, alegando que no se puede dar por finalizada una investigación en la que nunca se supo qué pasó con el dinero y no se recuperaron los recursos.

Según el político, “ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría General de la Nación hoy cerró la investigación”, señaló en su cuenta de X.
A su vez, aseguró que no se conoce la identidad de los responsables de robarse la pata del contrato, por lo que, para él, la Procuraduría debería dejar de funcionar para siempre.
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“Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales Por eso he sostenido que hay que acabar con esa entidad”, se lee en el trino del exvicepresidente de la República.
Como muestra de su inconformidad, pidió respuestas al órgano de control y al Gobierno nacional por la forma en la que dieron por terminada la investigación “Y entonces, con el cierre de esta investigación, ¿nadie va a responder?”.

De igual manera, aseguró que probablemente culparán a un chivo expiatorio en vez de buscar a los verdaderos artífices del millonario desfalco durante el periodo presidencial de Iván Duque, “¿qué pobre secretaria se llevará la responsabilidad?”, agregó.
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María José Pizarro tampoco dudó en mostrar su descontento por la decisión de la Procuraduría, considerando que puede representar una posible impunidad y falta de responsabilidad en altos funcionarios.

“Esto es una cachetada para Colombia: Cabello archiva la investigación que cursaba en contra de Abudinen antes de irse, deja impune y sin responsables políticos el enorme caso de corrupción de Centros Poblados. Otra jugadita del duquismo ¿Quién responde por los $70 mil millones?”, indicó la senadora por el Pacto Histórico en su cuenta de X.
Detalles sobre el escándalo de Centros Poblados

De acuerdo con la revista Cambio, el cierre del caso está relacionado con la falta de pruebas suficientes que determinarán que la exministra de las TIC tuviera alguna participación en supervisar el cumplimiento del contrato.
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Por su parte, el Ministerio Público infirió que no tuvo ningún tipo de participación en la revisión de la garantía bancaria que resultó ser falsa, una actividad que no estaba dentro de sus deberes funcionales, según el análisis del ente de control.
También concluyó que Abudinen pidió a Adriana Meza Consuegra información sobre las acciones administrativas relacionadas con el incumplimiento del contrato. Esta acción fue fundamental para la desestimación del caso, convirtiéndose en la prueba reina para las autoridades de que la exministra estaba atenta a la situación.
Durante la investigación, asumió que contradecían las acusaciones de negligencia en sus funciones. De acuerdo con el documento al que accedió el medio citado, “las pruebas permiten a la sala descartar la incursión de la investigada en una falta disciplinaria por el quebrantamiento directo de sus deberes funcionales”.
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