Petro denunció supuesto complot para abrirle procesos en EE. UU. y apuntó a la fiscal: “Quieren coger como excusa los procesos de negociación”

El presidente de la República, Gustavo Petro, confrontó el martes 12 de mayo a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, tras la negativa de la jefa del ente acusador de levantar las órdenes de captura contra al menos 29 integrantes de las estructuras Clan del Golfo. El primer mandatario cuestionó la autoridad de la fiscalía en procesos de paz y defendió su derecho a tomar estas decisiones, según la Constitución.

Desde Timbío, Cauca, en donde hizo parte del evento de inauguración del nuevo hospital del municipio, el primer mandatario de los colombianos denunció intentos de instrumentalizar los procesos de negociación como base para eventuales acciones judiciales en su contra en Estados Unidos. Y ratificó ante los presentes que cumplirá su palabra de seguir buscando la paz, aunque para ello solo le restan 87 días.

Según la resolución firmada por Camargo y conocida el 12 de mayo, la fiscalía rechazó la demanda del Gobierno de suspender la captura de líderes clave de esta organización armada, incluidos Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo; Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo, entre otros poderosos cabecillas de esta organización, que hace parte de la política de Paz Total.

La decisión anunciada por la fiscal General, que ya se había opuesto a dejar sin efectos los procesos contra 16 de los 23 cabecillas criminales en el Valle de Aburrá, afectó –según Petro– la propuesta gubernamental de iniciar conversaciones sociojurídicas con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); un proceso que preveía la concentración en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), a partir del 25 de junio.

“La paz de Colombia no es, así parezca muy difícil, renunciable. Ningún funcionario del Estado puede desobedecer una indicación o orden del presidente de la República en el tema de la paz, porque la Constitución del 91 lo dice explícitamente: el jefe del orden público y de la política de paz en Colombia es el presidente de la República”, declaró el jefe de Estado, que no ocultó su molestia frente a esta determinación.

Las críticas de Gustavo Petro a Luz Adriana Camargo por negarse a levantar órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo

Y recordó que estas negociaciones cuentan con la veeduría de observadores internacionales de países como España, Suiza, Brasil, Venezuela y Noruega, además de actores civiles y de oposición. En el mismo acto, el mandatario denunció la utilización de los procesos de paz como elementos para su “persecución personal”, teniendo en cuenta que en suelo norteamericano cursan indagaciones en su contra.

“Quieren coger como excusa los procesos de negociación, intentando hacer la paz en este país para que los colombianos no se maten entre sí, como las pruebas para que me metan preso en Estados Unidos. Me pueden meter preso, pero yo no voy a faltar a mi palabra de ser hombre de paz”, afirmó el presidente, que se opuso a lo dispuesto por Camargo, en una defensa férrea de las zonas de ubicación fijadas por el Gobierno.

“Y hay zonas de concentración pactándose, y las zonas de concentración son legales. Y el presidente las ordena, no la fiscal. Y aquí se respeta la Constitución. Si no, el pueblo las hace respetar”, advirtió el gobernante, que contó con el respaldo del público congregado en Timbío. Así pues, Petro sustentó su atribución presidencial en la Constitución de 1991 y advierte sobre posibles consecuencias judiciales en el extranjero.

Enfatizó en su pronunciamiento que los procesos de paz son supervisados y transparentes, y que ninguna disposición adoptada puede ser utilizada de forma retroactiva para la persecución. “Siempre toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones y otras no gubernamentales, incluida la Iglesia Católica y miembros de la oposición, porque no quiero ocultar nada como sí se hizo atrás en el pasado”, dijo.

Es válido precisar que la suspensión de las órdenes de captura solicitada por la presidencia incluía beneficios sobre procesos de extradición y buscaba la implementación de puntos geográficos de concentración para los miembros del Clan del Golfo que accedieran a negociar. La Fiscalía, sin embargo, condicionó su aval a un cese de crímenes, entrega de menores y finalización de actividades ilícitas; lo cual no ha sucedido.