Nuevas sanciones para comerciantes y empresas empiezan a tener luz verde en el Congreso de la República: se tomó decisión

La Mesa Directiva de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara convocó para el 19 de mayo el primer debate para reformar el Régimen Sancionatorio Aduanero de Colombia, medida con la que se podrá responder a la necesidad de un régimen moderno y proporcional que refuerce el control aduanero y la seguridad jurídica, y que cubra los mandatos constitucionales y la protección de la economía formal y así haya efectividad en la lucha contra el contrabando con aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones.

La pronta aprobación del régimen es urgente porque, si el Congreso no lo sanciona antes del 20 de junio de 2026, Colombia perderá las herramientas legales necesarias para frenar el contrabando. Y es que la ausencia de un marco sancionatorio debilitaría el control sobre el comercio exterior y pondría en riesgo la protección de la economía formal y la cadena logística nacional.

El trámite legislativo del proyecto cobró relevancia después de sucesivas postergaciones, lo que generó preocupación sobre la eficacia de los esfuerzos contra el contrabando.

La reforma planteada persigue actualizar el control aduanero mediante un sistema sancionatorio moderno y proporcional. El proyecto, elaborado luego de un proceso técnico entre la autoridad tributaria y los gremios empresariales, tiene el propósito de garantizar un equilibrio entre el combate al contrabando, la facilitación del comercio legal y el refuerzo de la seguridad jurídica.

Respaldo al nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero

El senador Antonio Correa, del Partido de la U, manifestó su disposición para respaldar la iniciativa y remarcó que es imprescindible que el Congreso legisle en favor de la ciudadanía al asegurar un marco legal robusto. “El Congreso no puede convertirse en un escenario de dilaciones ni de bloqueos institucionales cuando el país necesita respuestas y seguridad jurídica”, afirmó.

Correa insistió en la necesidad de actuar con firmeza y respeto institucional. Aceptó que el debate había enfrentado varios aplazamientos, pero insistió en que los congresistas tienen el deber de responder con decisión frente a la exigencia social de un régimen actualizado.

La responsabilidad del Congreso, resaltó el senador, exige que la corporación evite bloqueos y avance de forma clara en la dotación de herramientas contra el comercio ilícito, en beneficio del interés general.

Qué dicen los gremios

Luego de conocerse la decisión, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, agradeció la disposición del Congreso y valoró el consenso alcanzado en el trámite legislativo. Resaltó el esfuerzo articulado entre el Senado, la Cámara y las unidades de trabajo que permitió llegar a una concertación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el sector privado.

“Creo que vale la pena rescatar todo el trabajo que se ha hecho con el Senado, con la Cámara, con las unidades de trabajo legislativo, para llegar a la concertación entre la Dian y el sector privado”, expresó Díaz. Reconoció que el proceso enfrentó dificultades y retrasos, pero celebró que la convocatoria a las sesiones conjuntas de Senado y Cámara permita avanzar hacia la discusión y aprobación en primer debate.

El dirigente resaltó el papel mediador del Congreso para unir criterios y avanzar en el beneficio de quienes participan legalmente en el comercio internacional. Mantuvo la expectativa de un cierre favorable al proceso por el bien del sector.

Llamado urgente de la Andi

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) hizo un llamado urgente al Congreso de la República para priorizar el avance del proyecto de ley. Advirtió que no aprobar la normativa a tiempo pondría en peligro el control aduanero y la protección jurídica de la economía formal.

Por medio de un comunicado, el gremio que preside Bruce Mac Master anotó que “la discusión y aprobación de esta iniciativa es fundamental para preservar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la capacidad del Estado colombiano para enfrentar el contrabando y las prácticas ilegales que afectan gravemente la economía nacional y el comercio formal”.

Reiteró que el texto presentado al Congreso es fruto de un proceso técnico coordinado entre la Dian, la Andi y otros actores del comercio exterior. Las mesas de trabajo y los espacios de concertación permitieron alcanzar una propuesta equilibrada entre control, lucha contra el contrabando y facilitación del comercio.

Asimismo, enfatizó en que una demora en la aprobación del régimen debilitaría la capacidad sancionatoria y de control estatal, pondría en riesgo la estabilidad logística y afectaría la confianza en la economía colombiana. La fecha límite fijada por la Corte Constitucional, el 20 de junio de 2026, define el plazo clave para la reforma.

Riesgo institucional y urgencia

El director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Emilio Betancourt, había advirtido hace unos días sobre los graves riesgos institucionales de un eventual nuevo aplazamiento. Apuntó que, si el Congreso no aprueba la ley dentro de los plazos marcados, el país quedaría en un “vacío constitucional”, sin instrumentos claros para combatir el contrabando ni para ejercer el control aduanero requerido.

“Como Gobierno confiamos en la responsabilidad del Congreso de la República con el país para sacar adelante este Régimen Sancionatorio Aduanero, que es una ley absolutamente importante y necesaria para el comercio exterior”, afirmó Betancourt.

El funcionario reiteró que ignorar la fecha límite dejaría a Colombia sin la posibilidad real de implementar aprehensiones, decomisos y otras medidas fundamentales en las fronteras. Según el director, la normativa redefine las condiciones legales que respaldan la economía formal y permite una aplicación firme de sanciones, contribuyendo a la estabilidad operativa del país. Cualquier atraso, advirtió, comprometería de forma directa la autoridad aduanera y tributaria, afectando a todo el sector productivo nacional.