
La campaña de Iván Cepeda reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ingresos por $15.000 millones financiados íntegramente con créditos bancarios, pero, según los datos consignados, no destinó recursos a la organización de más de 100 eventos públicos que el propio candidato ha reivindicado como eje de su estrategia de alcance popular.
Esta situación, documentada en los informes entregados por la campaña del senador, genera un vacío contable que ya motiva cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos y la veracidad de las cifras reportadas, en una carrera electoral en la que la rendición de cuentas se ha vuelto un eje central del debate.
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En el informe de gastos presentado por la campaña presidencial de Iván Cepeda, se reconoce la recepción de $15.000 millones provenientes de tres créditos de $5.000 millones cada uno, otorgados por la cooperativa financiera Confiar.
Los documentos, firmados por el gerente de campaña Antonio Javier Peñaloza y el auditor Juan Carlos Lemus, detallan una ejecución de gastos por 1.931 millones de pesos principalmente en propaganda electoral, administración y logística.

Sin embargo, los conceptos relativos a “eventos públicos” aparecen reportados en cero pesos a pesar de la intensa actividad en plazas públicas.
El viernes 8 de mayo, el senador difundió en su cuenta de X que ha realizado 106 actos multitudinarios en todo el país, con una convocatoria total superior al “medio millón de personas”. E
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n sus palabras, expuso: “Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas”.

Esta cifra, no reportada en la contabilidad de gastos oficiales consignada ante el CNE, se contrapone a la ausencia de montos destinados a actos públicos. El mismo candidato ha subrayado que todos sus discursos son transmitidos en directo por redes sociales, y sostiene que cada evento tiene por objeto presentar propuestas ante los asistentes.
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El mayor volumen de gasto declarado se destina a la propaganda electoral, que suma más de $1.405 millones. La partida principal corresponde a la impresión de periódicos encargados a Casa Editorial El Tiempo S.A., mediante tres pagos. A esto se agrega la inversión de $307 millones a You Ticket S.A.S. para material publicitario y avisos, así como $15 millones en la producción de la canción oficial de la campaña, a cargo de David Kawooq SAS.
En el ámbito de la logística y distribución territorial, la campaña reportó más de $387 millones, de los que destacan $87 millones en tiquetes y transporte aéreo contratados con Agencia de Viajes y Turismo Global Blue, y $88 millones en mensajería y transporte de correspondencia con Logística y Transportes Lemus Linares SAS.
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Este despliegue material se concentró principalmente en regiones como Valle del Cauca ($35 millones), Bogotá ($30 millones) y Antioquia ($25 millones), aunque se incluyeron entregas en departamentos como Chocó, Amazonas, Vichada y Putumayo.

Los gastos operativos y administrativos sumaron $75 millones, utilizados exclusivamente para honorarios profesionales. Entre los principales cargos, la Coordinadora Territorial Nacional y el Contador Auxiliar percibieron $15 millones cada uno, la Tesorera de campaña $10 millones y la estrategia digital absorbió $14 millones para servicios de contenido, asesoría y gestión de pauta con un Traffic Manager específico.
Antes de Cepeda, campañas como las de Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras y Mauricio Lizcano ya habían presentado sus balances ante el CNE.
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Según el informe de Transparencia por Colombia citado por El Colombiano, el total de gastos entre todas las campañas supera los $21.000 millones, de los cuales De la Espriella declara más de $14.000 millones y Valencia aproximadamente $6.000 millones. Fajardo reportó $925 millones, López $82 millones y Barreras $49 millones.
En ingresos, De la Espriella figura con $32.000 millones, Valencia $15.000 millones, Fajardo $1.568 millones, López $87 millones, Barreras $100 millones y Lizcano casi $469 millones, aunque este último aún no reporta gastos.
En el caso de Cepeda, el equipo de campaña sostiene que todo el financiamiento proviene de créditos y que no han recibido donaciones.
No obstante, una investigación de Felipe López Caballero en la revista Cambio reveló que “las cuentas de su campaña para la consulta de la izquierda resultaron fraudulentas. De los $964 millones que reportó como gastos ante el Consejo Nacional Electoral, $609 provinieron de una empresa fantasma y $106 de un individuo que negó haber dado un solo peso”. Según el análisis, esa situación podría configurar delitos de falsedad documental e intento de fraude procesal.
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El propio Cepeda respondió que, para la consulta interna del 26 de octubre de 2025, su movimiento reportó un gasto total de $964,8 millones, detallando qué $609 millones correspondieron a una cuenta por pagar a una empresa de publicidad y $355 millones a otros préstamos.

Sin embargo, la revisión del aplicativo Cuentas Claras y la documentación registrada ante el Consejo Nacional Electoral muestran que estas cifras aparecen como donaciones y no como créditos, lo que representa un controversia adicional sobre la naturaleza y el origen de estos fondos.
En ese proceso, el mayor aporte declarado fue realizado por Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla, como donación de $609 millones en especie para la producción de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes.
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Otro registro relevante corresponde a un “crédito en especie” reportado por Javier Antonio Pérez Páez por $116 millones para materiales de propaganda. El Colombiano verificó en enero de este año que el monto total declarado para esa consulta fue poco superior a $964 millones, aunque persisten dudas porque dichos valores también figuran en el formulario de “contribuciones o donaciones de particulares”.
Además, el entorno de la empresa Samat Publicidad S.A.S. presenta cuestionamientos sobre la veracidad de su información comercial ante la Cámara de Comercio de Barranquilla y la escala real de los servicios prestados, de acuerdo a la información recabada por Cambio y contrastada por este diario.
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