La Fiscalía se mantuvo en la decisión de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

Luego de una reunión de más de tres horas con el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, decidió mantener la decisión de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). En el encuentro, la jefa del ente acusador escuchó a los voceros del Gobierno sobre la necesidad de suspender dichas órdenes, pero también defendió su postura de rechazo.

El debate al respecto empezó en abril de 2026, cuando la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aceptó “de buena fe” el listado de los 29 miembros de la estructura armada y solicitó a la Fiscalía suspender sus órdenes de captura para garantizar adecuadas condiciones de traslado. La idea es que, a partir del 25 de junio, los cabecillas empiecen a desplazarse a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), dispuestas para continuar con las negociaciones de paz.

Sin embargo, mediante la Resolución No. 0-142 de 2026, la Fiscalía se negó a cumplir con ese requerimiento, explicando que, “hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”, no implementará ninguna medida orientada a brindar seguridad jurídica a los señalados criminales.

Otty Patiño se pronunció sobre el tema mediante un comunicado, en el que rechazó la postura de la jefa de la Fiscalía y recordó que la suspensión de las órdenes de captura está sujeta a lo que dice la normativa vigente (Ley 2272 de 2022, que establece la política de paz de Estado) y no a una “valoración discrecional” de la fiscal.

“Toda actuación en mi calidad de Comisionado de Paz y de la Consejería que dirijo, se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley. En ningún momento se ha pretendido sustituir las competencias constitucionales ni legales de la Fiscalía General de la Nación, siempre se ha actuado en respeto de la autonomía de las ramas del poder público, sin interferir en el ejercicio de la acción penal”, detalló.

Después de que expusiera su postura al respecto, se pactó un encuentro entre las partes que ahora surte el mismo efecto: se mantienen las órdenes de captura contra los integrantes del Clan del Golfo. La fiscal concluyó que todavía no se tiene certeza de que estén dadas las condiciones para tomar esas medidas.

En la resolución que causó molestia en el Gobierno, la cual ratificó en la reunión, Luz Adriana Camargo explicó que se necesita tener información concreta sobre lo acordado hasta el momento con la organización armada y cuál es el nivel de cumplimiento de dichos compromisos. Mencionó, por ejemplo, la entrega de armas y de menores de edad reclutados, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, el cese de conductas que violan el derecho internacional humanitario y de hostilidades contra la población civil, el desmonte de estructuras financieras, entre otros.

“La suspensión temporal de órdenes de captura y la puesta en funcionamiento de Zonas de Ubicación Temporal, no interrumpen el ejercicio de la acción penal ni afectan las competencias constitucionales y legales de investigación, acusación y juzgamiento”, precisó la Fiscalía.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro y el consejero Otty Patiño se reunieron, junto con otros delegados del proceso de paz, y determinaron que en la primera fase de implementación de las ZUT no harán presencia los criminales que tengan órdenes de captura con fines de extradición. En ese sentido, el primer mandatario autorizó que se efectúen los desplazamientos de los cabecillas a cinco zonas de ubicación y, para ello, se requiere de la suspensión de las órdenes de captura que pesan sobre ellos, medida que todavía no se pondrá en marcha por decisión de la Fiscalía.