
En una decisión que fue entendida como un nuevo revés para el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, la sala plena de la Corte Constitucional declaró el martes 13 de agosto inexequible la ley estatutaria con la que se expedía el Código Electoral en Colombia, según se conoció, por vicios de procedimiento en su formación.
Tras la ponencia de los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo, la decisión del alto tribunal fue la de votar unanimidad, con lo cual se declaró la inconstitucionalidad de esta iniciativa, consignada en la Sentencia C-340/24. Esta es la segunda vez que esta proposición se cae por decisión del alto tribunal, pues en abril del 2022, durante el gobierno de Iván Duque, también se hundió.
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Entre los vicios que fueron considerados por la Corte se destaca que, principalmente, la ley no superó el análisis de impacto fiscal, además de que faltó consulta previa en algunos artículos de la misma y se registró una elusión del debate; es decir, cuando alguna de las células legislativas omite el debate o la votación de la iniciativa legislativa.

De esta manera, el proyecto de ley estatutaria 111 de 2022, como se tramitó en el Senado y que fue anexado al 141 de 2022, y al 418 de 2023 de la Cámara de Representantes, no pasó la revisión de constitucionalidad hecha por la Corte. Así como ocurrió en la primera oportunidad, en lo que respecta con la iniciativa del 2020, pues no hubo deliberación ni, como en esta ocasión, análisis de impacto fiscal; además de que fue aprobado en sesiones extras, situación que no correspondería a un trámite de esta envergadura.
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¿Por qué se hundió el Código Electoral?
Es preciso decir que al ser, justamente, una ley estatutaria, cuenta con revisión automática de la Corte Constitucional, en pro de definir la legalidad de la misma. En este caso, la afectación a las comunidades indígenas y afrodescendientes también influyeron en la decisión definitiva, con la que fracasó la iniciativa de tener una reforma al sistema electoral colombiano.
Uno de los defensores de esta modificación, en su momento, fue el hoy codirector del partido de Unión por la Gente, Alexander Vega, que por aquella época se desempeñaba como registrador Nacional del Estado Civil, que consideraba necesaria la reforma debido a que el actual código data de 1986, cuando las condiciones estructurales, sociales y políticas del país eran otras, lo que hace que esté desactualizado.
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Entre las reformas propuestas en su momento se destacaban la de modificar el esquema para la inscripción de candidatos en los diferentes comicios, la selección de jurados, el preconteo y conteo de los votos y la contratación de los respectivos software; además de las competencias que tendrían organismos como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En específico, se pretendía aumentar en una hora la jornada de votación en las elecciones, hasta las 5:00 p. m, además de definir la autonomía administrativa del Consejo Nacional Electoral y el voto electrónico mixto.
Aunque en el primer semestre de su mandato, el Gobierno Petro consideró enviar mensaje de urgencia para el oportuno trámite de la iniciativa, el 10 de noviembre de 2022, retiró la solicitud 14 días después, debido a la necesidad, según explicó en su momento el entonces ministro del Interior Alfonso Prada, de propiciar un debate más profundo en cada una de las etapas del trámite legislativo.
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En su momento, se conoció que la intención del Ejecutivo es que el Código Electoral se implementara en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, pero los tiempos no dieron, debido a que se aprobó en el Senado en el último día del periodo legislativo 2022-2023, el 20 de junio de ese año.
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