Exjefe paramilitar de la masacre de El Aro y La Granja aparece en lista de paz del Clan del Golfo: investigan posible error o alianza criminal

La inclusión de José Higinio Arroyo Ojeda, exjefe paramilitar señalado como artífice de la masacre de El Aro, en la lista de miembros del Clan del Golfo contemplados para el proceso de paz del gobierno de Gustavo Petro, ha desatado alarma entre víctimas y autoridades.

Arroyo, conocido como alias 8.5, vuelve a situarse en el centro de la discusión pública sobre justicia y reparación por su papel en hechos violentos ocurridos hace casi 30 años.

José Higinio Arroyo Ojeda es recordado como responsable de las masacres de El Aro y La Granja en Antioquia, acciones por las que fue condenado tras acogerse al sistema de Justicia y Paz luego de su desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Actualmente, su nombre genera controversia al aparecer en el proceso de paz con el Clan del Golfo, pues aunque sostiene que ya no pertenece al Clan del Golfo, las autoridades investigan si se debe a un error administrativo o a nuevas conexiones con el grupo armado, según lo informó Semana.

Durante la década de 1990, Arroyo Ojeda dirigió acciones paramilitares bajo el alias 8.5. Coordinó junto a Carlos Castaño la incursión al corregimiento de La Granja, donde siete personas, incluidos campesinos y líderes sindicales, fueron asesinadas.

Participó en la masacre de El Aro, donde, mientras parte de sus hombres cometían asesinatos, él se alejaba llevándose el ganado robado a la población local.

Estos hechos llevaron a su condena en la jurisdicción de Justicia y Paz.

Tras colaborar en la reconstrucción de la verdad ante tribunales especiales, recibió beneficios como la pena alternativa y recuperó la libertad en 2018. Desde entonces, permanece como “compareciente” y deberá acudir a una audiencia de incidente de reparación a las víctimas el 1 de junio.

La polémica por su inclusión en la lista

La presencia de Arroyo en la lista de 29 combatientes del Clan del Golfo admitidos en el proceso de paz, promovido por el presidente Gustavo Petro, ha generado reacciones de víctimas y autoridades, según ha informado Semana.

El exparamilitar, de 59 años, asegura que desconoce por qué figura en la lista y explica que se enteró a través de las redes sociales. Sostiene además que no pertenece al Clan del Golfo y prepara un comunicado para solicitar a las autoridades que clarifiquen su situación judicial.

La Fiscalía y otras instancias deben establecer si Arroyo mantiene algún vínculo con el grupo armado o si su aparición es consecuencia de un error, situación que podría afectar a las víctimas.

La delegación de paz del Gobierno ha subrayado que la lista fue entregada directamente por los representantes del Clan del Golfo. Álvaro Jiménez Millán, coordinador de la delegación, explicó al medio citado: “Nosotros recibimos un listado, ellos nos dicen que esas personas forman parte del grupo, y nosotros aplicamos lo que la ley dice, que es remitir ese listado tanto a la Fiscalía como al Ministerio de Defensa”. Agregó que corresponde únicamente a las autoridades judiciales determinar la situación jurídica de cada persona incluida.

Reacciones de las víctimas y debate judicial

La controversia por la eventual participación de Arroyo Ojeda en el proceso de paz ha reactivado el debate entre las víctimas y los defensores de la memoria histórica.

Diversos testimonios recogidos por el medio mencionado consideran grave que individuos vinculados a delitos violentos puedan tener presencia en escenarios de diálogo o acceso a beneficios judiciales, especialmente cuando no está claro su actual vínculo con el Clan del Golfo.

Las entidades encargadas de asegurar los procesos de verdad, justicia y reparación enfrentan el desafío de decidir si Arroyo podrá comparecer ante los familiares de las víctimas sin que esto afecte a las víctimas.

“Las corroboraciones posteriores las hace el cuerpo judicial, nosotros no tenemos las herramientas para evaluar esa situación”, indicó Jiménez Millán, quien defendió la transparencia del procedimiento seguido por la delegación.

El sistema de Justicia y Paz queda así bajo el escrutinio público ante el riesgo de ser visto como una vía de reincorporación para exresponsables de crímenes graves. También la participación de figuras asociadas a estos hechos expone de nuevo a quienes ya fueron víctimas del conflicto armado.

Las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar tanto la legalidad como la protección de los derechos y la dignidad de los afectados, tarea subrayada por Semana en repetidas ocasiones.