Crece la violencia en el país, asesinan a dos firmantes de paz en Colombia en menos de 48 horas

En la madrugada del 10 de agosto de 2024, el firmante del acuerdo de paz Rigoberto Ordoñez Bastidas fue asesinado en la vereda El Azul, ubicada en la inspección de Siberia, municipio de Orito, Putumayo. Ordoñez Bastidas, que se encontraba en proceso de reincorporación, fue atacado en cercanías a la escuela de la zona, en un acto que generó profunda preocupación en las organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo había alertado previamente sobre el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en la región, en particular debido al interés de los actores armados ilegales en el conocimiento del territorio que estos excombatientes poseen. En su Alerta Temprana AT 022/22, la Defensoría señaló que la lenta estabilización económica de los firmantes, junto con el éxito limitado de algunos procesos de reincorporación, provocó una dispersión de esta población, debilitando el tejido colectivo entre los excombatientes.

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La zona donde ocurrió el asesinato es conocida por la presencia de varios grupos armados ilegales, incluyendo los Comandos Bolivarianos de la Frontera Segunda Marquetalia, el Frente Carolina Ramírez del Bloque Amazonas, el Frente Raúl Reyes, así como bandas locales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los firmantes que intentan rehacer sus vidas en estos territorios

Este trágico hecho ocurrió apenas dos días después del asesinato de otro firmante de paz, Elider Antonio Díaz Arias, en el municipio de Fonseca, La Guajira. Conocido en su época como guerrillero de las Farc con el alias de ‘Oliverio Rincón’, era un líder kankuamo de 38 años y miembro de la mesa étnica de Fonseca. Su asesinato ocurrió en la mañana del 8 de agosto, cuando regresaba a su vivienda tras dejar a su hija en el colegio.

Fue atacado a tiros en el barrio San Agustín, donde residía, y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Díaz estaba asociado a la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia (Coompazcol), la cual expresó su profundo dolor y condena por este crimen, destacando que “nos enluta su muerte y no podemos superar este doloroso momento, mientras sigan asesinando a líderes y firmantes”. Con la muerte de Elider Díaz y Rigoberto Ordoñez, ya son 422 los firmantes del acuerdo de paz asesinados en Colombia.

¿Y la Paz?

Los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz, como los recientes casos de Rigoberto Ordoñez Bastidas y Elider Antonio Díaz Arias, tienen profundas consecuencias sociales que afectan tanto a las comunidades locales como al proceso de paz en Colombia. Estos crímenes no solo arrebatan la vida de quienes apostaron por la paz y la reconciliación, también socavan la confianza en el Estado y en la viabilidad de la reintegración de excombatientes a la sociedad civil.

A nivel social, estos asesinatos generan un impacto devastador en las comunidades donde los firmantes intentan rehacer sus vidas. Muchos de ellos son líderes comunitarios que, al reincorporarse, se involucran en proyectos sociales, cooperativas y actividades que buscan reconstruir el tejido social en las zonas más afectadas por el conflicto. La pérdida de estos líderes rompe la continuidad de estos esfuerzos y crea un vacío en la comunidad, debilitando la cohesión social y dejando a las poblaciones más vulnerables aún más expuestas a la influencia de grupos armados ilegales.

Además, el miedo y la incertidumbre que estos asesinatos provocan en otros excombatientes pueden llevar a un repliegue de sus actividades de reintegración. Aquellos que ven amenazada su seguridad personal podrían optar por abandonar los proyectos colectivos y buscar refugio en la clandestinidad o en actividades ilícitas, lo que representaría un retroceso en el proceso de paz y reintegración.

Estas muertes también envían un mensaje de intimidación y represión a otros firmantes del acuerdo, lo que podría desincentivar la participación de más excombatientes en programas de reintegración. La falta de garantías de seguridad y protección estatal refuerza la percepción de que el compromiso con la paz puede llevar a un riesgo mortal, lo cual es profundamente desalentador para aquellos que buscan dejar atrás el pasado violento.

Finalmente, a nivel nacional, estos asesinatos erosionan la confianza en el proceso de paz y en la capacidad del gobierno para proteger a quienes han decidido dejar las armas. Cada vida perdida es un golpe a la legitimidad de los esfuerzos de reconciliación y pone en evidencia las debilidades estructurales del Estado para garantizar la seguridad y los derechos humanos en regiones históricamente afectadas por la violencia.