Vecinos del barrio Terrón Colorado, en Cali (Valle del Cauca), han denunciado torturas en la fundación de rehabilitación Caminos Reales. Los casos se descubrieron luego de que una mujer muriera en la segunda semana de junio, al parecer, con signos de asfixia mecánica.
La fallecida, de 28 años, era madre de dos menores y había estado internada en ese centro durante aproximadamente dos meses. Las autoridades aún están investigando las circunstancias de su muerte.
El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, declaró: “Se pudo establecer que había sido remitida desde una fundación de rehabilitación del barrio Terrón Colorado, en el sector Montañitas”.
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Se han conocido fotos y videos inquietantes que muestran a pacientes de la fundación encadenados y con heridas. Las investigaciones de las autoridades revelan que serían alrededor de 60 personas las víctimas de los malos tratos.
El video muestra a los vecinos liberando a personas que presentaban signos de violencia, las cuales expresaban su agradecimiento y huían del lugar. Durante una grabación, una de las víctimas denunció: “El líder de la fundación le echó agua a una mujer, le metió corriente y la mató”. Otro testigo afirmó: “Allá mataron a una mujer con electricidad, golpes y la ahorcaron”.
Un testigo narró a Noticias RCN: “Al otro día escuchamos la bulla de todos los que estaban ahí encadenados, pidiendo que los sacaran. Vimos a todos tratando de escapar de la fundación, encadenados, decían que los golpeaban”.
Otro de los testimonios, el de un hombre que se identificó como soldado profesional, relató en el video: “Allá le pegan a la gente, mano, vea. Soy un soldado profesional de ocho años de guerra y vea como me tenían con las cadenas. Nos estaban matando a meros golpes, porque les hablábamos de los derechos humanos”.
Las autoridades siguen investigando si hubo tortura en el centro de rehabilitación
La Personería de Cali se manifestó sobre la situación y el personero Gerardo Mendoza hizo un llamado urgente a las autoridades. Mendoza describió lo ocurrido como “un posible hecho de maltrato que raya incluso en la tortura (...) si bien las personas atendidas quieren rehabilitación, no quieren encontrar actos o acciones agresivas”.
El personero indicó que, desde la entidad, seguirán la pista de lo que ocurría en ese centro y “de encontrarse responsabilidad (por parte de esta fundación localizada en la comuna N° 1) de la muerte de esta mujer, la Fiscalía deberá determinar las responsabilidades”.
Por lo pronto, los organismos defensores de Derechos Humanos estarán vigilando la dignidad humana, concluyó Mendoza. Por su parte, la comunidad exige que la fundación se pronuncie sobre estas graves acusaciones y piden celeridad en las investigaciones.
De acuerdo con el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo acto de tortura, así como cualquier trato o pena cruel, inhumano o degradante, es una afrenta a la dignidad humana y será condenado como una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales.
La ONG Human Rights Watch lleva años abogando por el cierre de estas instalaciones, donde se emplea la tortura como método de tratamiento para usuarios de drogas. De hecho, esta no es la primera vez que se reporta una situación de este tipo en Colombia.
En 2022, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro hombres y una mujer que formaban parte de una Institución Prestadora de Salud (IPS) dedicada a la atención de personas con problemas de adicción y desórdenes de comportamiento. Los procesados habrían participado en graves agresiones y torturas a cerca de 35 pacientes,entre los que habían dos menores de edad.
Al parecer, los funcionarios no tenían capacitación adecuada y cometían actos que atentaban contra la libertad, la integridad física y emocional de los internos en la sede de esta entidad, ubicada en el occidente de Bogotá.
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