Consejo Superior de la Universidad Nacional citó a reunión extraordinaria para decidir el futuro de la rectoría

El Claustro de San Agustín será escenario, el jueves 6 de junio, de la sesión extraordinaria que el consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional citó para abordar un tema que ha generado controversia: la designación del rector de la institución. La cita es a las 8:00 a. m. y la atención está centrada en cómo la reciente posesión de Laura Quevedo como representante estudiantil del CSU podría influir en las decisiones del órgano colegiado.

Laura Quevedo, cuya llegada al CSU es vista como un factor decisivo, podría inclinar la balanza en favor de quienes buscan la salida de José Ismael Peña del rectorado. Su participación cambia significativamente la dinámica de votación dentro del consejo, en un contexto ya de por sí tenso debido a los recientes debates sobre la gestión de Peña.

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El martes 28 de mayo, una tutela favorable al actual rector, José Ismael Peña, avivó aún más el debate, añadiendo una capa de complejidad a la situación. No obstante, la presencia de Quevedo en el órgano colegiado se interpreta como un movimiento favorable al Gobierno, alineando su voto con el de los tres representantes gubernamentales: el Ministerio de Educación y las 2 representantes del presidente de la República, María Alejandra Rojas Ordóñez y Nataly Garzón.

A estos se suma Víctor Manuel Moncayo, el nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), quien también se sumó a la idea de nombrar un rector encargado.

Con este nuevo escenario, los votos favorables al Gobierno y en contra de la rectoría de Peña totalizan cinco, superando a los tres que apoyan la designación del rector: Diego Torres (representante de los profesores), Ignacio Mantilla (representante de los exrectores) y Verónica Botero (representante del Consejo Académico).

Además de asegurar una mayoría, esta nueva alineación de votos también desbloquea las discusiones en el CSU, que no había podido sesionar en las últimas semanas debido a la negativa de los representantes que apoyan a Peña a participar. Esto se debe a que es necesario contar con un quórum de al menos cinco consejeros para proceder con cualquier deliberación y votación.

La falta de cuórum había impedido la votación para elegir un rector encargado, siguiendo una orden del ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa. Esta resolución, considerada polémica por algunos sectores que la ven como una violación de la autonomía universitaria, exigía a los consejeros nombrar a alguien que ocupara el cargo de manera provisional.

Inicialmente, se anticipaba que la inclusión de Quevedo como representante estudiantil fortalecería la posición del Gobierno en el CSU. No obstante, los eventos de esta semana han alterado significativamente ese escenario.

Una reciente decisión judicial sobre una tutela presentada por Ismael Peña anuló la resolución del ministro Correa, que exigía el nombramiento de un rector encargado. Esta medida judicial revoca la orden previa y cambia las reglas del juego.

La decisión del tribunal afirmó que nombrar a un rector encargado, mientras se evalúa la legalidad de la designación de Peña, contraviene el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos. Según la ley, cualquier acto administrativo, como la designación y toma de posesión de un funcionario público, se considera legal hasta que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (en este caso, el Consejo de Estado) determine lo contrario.

“El CSU, ahora con la voz de Quevedo, tiene una oportunidad única de redefinir el rumbo de la Universidad Nacional, buscando quizás una renovación en su liderazgo,” han comentado ciertos analistas académicos. Por su parte, quienes apoyan a Peña argumentan que su continuidad es vital para la estabilidad de la institución en este periodo de transición postpandemia.